El Gobierno de la Nación ha designado a Andrés Edgardo Vázquez como el nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta designación llega justo después de que Juan Alberto Pazo, el exdirector, presentara su renuncia ante el ministro de Economía, Luis Caputo. Según las fuentes, Pazo estaría retornando al sector privado tras su salida.

El nombramiento de Vázquez no ha estado exento de controversias. A pesar de su extensa trayectoria de más de 35 años en la ex-AFIP, hoy conocida como ARCA, Vázquez se encuentra bajo la mirada atenta de la Justicia. El nuevo funcionario está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria. Estas acusaciones emergen a raíz de cuentas sin declarar en el extranjero y el manejo sospechoso de propiedades en Miami a través de cheques a su nombre, los cuales no fueron debidamente declarados en el país.

El presidente Javier Milei eligió a Vázquez para liderar esta institución esencial en la política tributaria y aduanera nacional, a pesar de su reputación teñida de escándalo. No obstante, Vázquez es reconocido por su capacidad para navegar dentro de la burocracia estatal y haberse sobrepuesto a múltiples acusaciones e investigaciones en su contra.

Un ejemplo clave sucedió en el año 2011, cuando enfrentó una denuncia relacionada con cuentas bancarias en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y Curazao, de las cuales fue liberado años después debido a la falta de cooperación internacional en la verificación de las cuentas.

Es relevante mencionar que Vázquez ha tenido una relación compleja con sus superiores, habiendo desafiado y enfrentado a varios jefes a lo largo de su carrera, sin que ninguno lograra cesarlo de sus responsabilidades. Esto sugiere una combinación de experticia, influencia y potencial blindaje político.

El proceso legal más reciente involucró una compleja trama por la cual Vázquez logró desplazar al fiscal que llevaba una de las causas penales en su contra referente a sus bienes en Miami. Este movimiento estratégico redistribuyó la competencia a un tribunal más favorable, lo que ha prolongado significativamente el caso en su contra.