La Casa Rosada logró evitar una nueva seguidilla de derrotas parlamentarias.© Prensa Diputados
Las dos sesiones fallidas de este miércoles en Diputados, producto del nuevo faltazo de los funcionarios libertarios, y la falta de consensos en el Senado para sesionar este jueves, pusieron fin a una ofensiva opositora que se gestó al calor del criptoescándalo y que le marcó los tiempos al segundo año del gobierno de Milei. Esta semana, la ola expansiva encontró sus límites en el lobby de la embajada norteamericana y la cercanía de las elecciones. Muchos legisladores prefirieron abocarse a sus campañas y esperar los resultados del 26 de octubre para definir los pasos a seguir. La oposición más dura presiona para volver a citar a los ministros Luis “Toto” Caputo y Mario Lugones, y a la hermana del presidente, Karina Milei. La Casa Rosada logró evitar una nueva seguidilla de derrotas parlamentarias y, aunque habrá actividades en comisiones de ambas cámaras, el Congreso no volverá a sesionar hasta después de las elecciones de medio término. Con el FMI presionando, el Presupuesto 2026 se convierte en un objetivo común para oficialistas y opositores.

Con la excusa del viaje a Washington, la secretaria general de la Presidencia y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, evitaron asistir al Congreso, donde debían ser interpelados por distintos motivos. En el caso de Lugones y Karina Milei la cita fue por el escándalo de coimas en la agencia nacional de discapacidad que tiene a la hermana del presidente como sospechosa de recibir parte de los retornos. A Caputo, en cambio, la oposición le exige que brinde explicaciones sobre el Presupuesto 2026 y el nuevo salvataje financiero de los Estados Unidos. Los reclamos al titular de Economía se trasladaron a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que sí estuvo activa la tarde del miércoles.

El martes por la noche, presionado por los bloques opositores, Martín Menem difundió las notas de los tres funcionarios en las que anticipaban sus ausencias. De ese modo, la oposición se ahorró tener que reunir el quórum en vano. Los libertarios hubieran preferido culpar a la oposición de no alcanzar el número para habilitar la sesión pero negociaron.

El presidente de la Cámara baja se sentó a las 12 y a las 14 —los dos horarios previstos— y dio por caídas las sesiones ante un puñado de diputados. Los bloques que impulsaron las interpelaciones —Unión por la Patria, Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica, la Izquierda, el MID y Coherencia— enviaron una nota en la que exigieron que los funcionarios informen por escrito cuándo podrán comparecer. “Si bien comprendemos que la gestión y administración diaria del gobierno implica una agenda intensa, esto no puede ser un impedimento para acatar la interpelación dispuesta por esta Cámara de Diputados” reza el escrito. “Nada más casta que refugiarse en el silencio de sus despachos, mientras el país atraviesa una crisis multidimensional producto de las irregularidades y desmanejos en su gestión” escribió la diputada Cecilia Moreau en X.

En el Senado también se impuso el parate. Este jueves no habrá sesión para frenar la venta de Nucleoeléctrica ni para revertir las modificaciones a la ley que limita el uso de los decretos presidenciales. A pesar de las gestiones del jefe del bloque peronista, José Mayans, para conseguir los dos tercios Martín Menem demoró los tiempos y no envió al Senado el proyecto que modifica la ley que regula los DNU. Con esa maniobra, el riojano dejó a la oposición sin margen para sesionar ni para iniciar el debate en comisiones.

Privatizaciones, presupuesto y nueva deuda
Sin actividad en el recinto, los debates se trasladaron a las comisiones. En el Senado, un plenario de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, junto con la de Ciencia y Tecnología, comenzó a tratar las iniciativas para frenar la privatización de Nucleoeléctrica y proteger el sistema nuclear argentino. Unión por la Patria escuchó en soledad a los especialistas del sector, ni el oficialismo ni sus aliados asistieron. “Son cómplices de la entrega de Nucleoeléctrica”, escribió la senadora Anabel Fernández Sagasti en sus redes.

En Diputados, la oposición avanzó con la firma del dictamen del proyecto de Máximo Kirchner que obliga al Gobierno nacional a someter a la aprobación del Congreso cualquier nuevo acuerdo de deuda. El debate se dio en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. Durante la discusión, el diputado y candidato de UxP Itai Hagman advirtió al Gobierno nacional y a Estados Unidos: “Este Congreso no está dispuesto a aceptar una negociación espuria del Gobierno. El Estado argentino no puede hacerse cargo de un salvataje hecho a espaldas del pueblo, violando la ley y la Constitución, a espaldas del Congreso, que genera sacrificios inútiles en la gente y nos deja hipotecado el futuro”, concluyó.

 Más tarde, en la cuarta reunión por el Presupuesto 2026, los diputados recibieron al titular del Arca, Juan Pazo. El encuentro comenzó tenso —la oposición sigue reclamando la presencia del ministro Luis Caputo— y terminó peor. Pazo expuso casi sin entrar en detalles sobre la “Ley de Leyes”, lo que desató la furia del jefe del bloque de UxP, Germán Martínez: “Es como si yo me pusiera a hablar de las causas que investiga la Justicia o de los departamentos no declarados en Florida de Juan Pazo”, lo cruzó. “Soy el administrador de los recursos tributarios, no el armador del Presupuesto”, se excusó el funcionario, antes de devolver la chicana: “Tengo declarados todos mis ingresos; a diferencia de ustedes, trabajé toda mi vida en el sector privado”, respondió visiblemente molesto.

Después de dos años de discrecionalidad, esta vez tanto el oficialismo como la oposición coinciden en la necesidad de sancionar una ley de Presupuesto. Pero los tiempos apremian: la oposición reclama acelerar el debate y exige la presencia de los principales funcionarios, entre ellos Caputo. Bertie Benegas Lynch debutó al frente de la Comisión de Presupuesto con una predisposición más dialoguista que su antecesor, José Luis Espert. No por convicción, sino porque ahora el Gobierno necesita, sí o sí, mostrarle al Tesoro estadounidense que tiene capacidad política para conducir un debate clave para el Congreso.

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