Las personas con discapacidad fueron y siguen siendo víctimas de un sistema que combina la corrupción con la crueldad. No termina de estar claro cuáles son las proporciones ni qué fue primero. Pero lo que está claro es que el gobierno nacional decidió tratar a las personas con discapacidad como enemigos. Primero ahogó presupuestariamente el sistema de prestaciones, después se negó a poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad que votó el Congreso nacional, y ahora se empieza a destapar un entramado de corrupción que parece salido de una ficción.

Las investigaciones judiciales, surgidas de una gran cantidad de pruebas documentales, muestran que existió “una organización delictiva en perjuicio de la administración pública y, en particular, del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable que goza pensiones no contributivas y no posee otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros)”. Los cálculos realizados por los equipos de expertos judiciales licitaciones direccionadas por más de 30 mil millones de pesos.

Se trata del mismo organismo que condenó a las personas con discapacidad y sus familias a vivir en estado de emergencia desde diciembre de 2023. Los responsables de ese organismo, que ahora está bajo la lupa de la justicia, permitían que una persona con discapacidad que trabajaba cuatro horas por día en un taller protegido, en una herrería o en una carpintería cobrara $ 28.000 por mes. 

También que un transportista de personas con discapacidad cobrara 541 pesos por kilómetro de nafta, pero la nafta había superado los 1.300 pesos. Eso generaba, en los hechos, que las personas fueran llevadas menos veces por semana de las que les correspondía a su tratamiento.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca terminar con el maltrato del gobierno y llevar humanidad y racionalidad económica, fue votada en el Congreso, que la ratificó al rechazar el veto presidencial, pero sigue sin aplicarse. El gobierno la promulgó, pero luego la suspendió por decreto.

Se trata de una ley que le da prioridad presupuestaria al sector de la discapacidad y no implica un aumento del gasto público, ya que obliga al Gobierno a reasignar partidas desde otras áreas no esenciales.

La persona con discapacidad, de nacimiento o adquirida, tiene derechos que se deben asegurar desde el Estado, en especial para quienes se encuentran en situación de pobreza por el impacto social, económico y laboral en la persona y en su familia.

La ANDIS y el gobierno nacional tienen que poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad para dejar de maltar a las personas con discapacidad y a sus familias. Además, es necesario que expliquen qué es lo que ocurrió allí para permitir semejante locura en un organismo que tiene el objetivo de cuidar a las personas. Y, también, necesitamos saber qué es lo que está haciendo el gobierno para que lo que ocurrió en ANDIS no vuelva a repetirse.

* Presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación