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Ciberpatrullaje: una vigilancia masiva en redes sociales

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Bullrich arrancó la semana pasada con una ofensiva múltiple. Por un lado, comunicó que no iba a contestar a los requerimientos de información que haga la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para encontrar a los bebés que fueron robados durante la última dictadura –medida que fue catalogada por Abuelas de Plaza de Mayo como inadmisible por provenir de un gobierno democrático. Por otro lado, dio a conocer nuevas reglas para la actuación de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura frente a lo que se conoce como fuentes abiertas.

Según la resolución 428, las fuerzas podrán monitorear lo que sucede en la web de acceso público y fuentes digitales abiertas. Esto quiere decir, podrán entrar en aquellos sitios de internet “cuyo acceso no implica una transgresión al derecho a la intimidad de las personas”.

El Ministerio de Seguridad le da vía libre a las fuerzas para ciberpatrullar en función de una larga lista de delitos: venta o tráfico de drogas, amenazas, coacción e intimidación, venta de armas o explosivos, venta de objetos robados o falsificados, comercialización de instrumentos públicos, malos tratos o crueldad contra animales, acoso o violencia por motivos de género, prostitución infantil, trata de personas, lavado de activos, terrorismo y “cualquier otro delito que se pueda obtener noticia en el ciberespacio”. Esto es leído por los especialistas como una “excursión de pesca”: las fuerzas salen a ver qué encuentran.

Además, Bullrich sostiene que estos lineamientos deben servir para la búsqueda de personas desaparecidas y de personas requeridas por la justicia. Es evidente que a la ministra no le interesan todos los prófugos: en marzo dejó caer las recompensas que ofrecía el Estado nacional a quienes aporten datos para encontrar a 21 represores de la última dictadura. En ese momento dijeron que preferían inyectar el dinero en la lucha contra el narco en Rosario.

Según la resolución, se preserva la libertad de expresión –algo puesto en entredicho por juristas y referentes de organizaciones de derechos humanos—y se debe destruir el material relevado. No especifica en qué plazo.

Las fuerzas, si detectan un posible delito, deberán denunciarlo ante los tribunales. Mensualmente, deberán informar cuántas denuncias hicieron ante la Dirección de ciberdelito y asuntos cibernéticos del Ministerio de Seguridad.

El ciberpatrullaje no es nuevo. Se usó intensamente durante el gobierno de Cambiemos. La entonces Policía Metropolitana –hoy de la Ciudad—estaba haciendo sus controles “de rutina” en marzo de 2016, cuando advirtió que una usuaria proponía matar a la hija menor de Mauricio Macri, Antonia. La Metropolitana denunció la situación ante el juez federal Ariel Lijo. A partir de este incidente, el magistrado le avisó al Departamento de Seguridad Presidencial de la PFA. La fuerza –conducida por Bullrich—aprovechó la oportunidad para concentrarse en la actividad de tuiteros que estaban descontentos con el entonces presidente. Hubo denuncias –y detenciones—varias por amenazas.

 Durante el gobierno del Frente de Todos (FdT), hubo ciberpatrullaje durante la pandemia. Hubo un caso paradigmático: el de Kevin Guerra, un veinteañero de Balcarce. Kevin estaba matando el tiempo durante el aislamiento y escribió, en tono jocoso, si seguía en pie lo del saqueo si no se pagaba el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Kevin fue investigado por la justicia provincial y luego por la federal. Finalmente resultó sobreseído. La entonces ministra de Seguridad Sabina Frederic convocó a organismos de derechos humanos para discutir un protocolo para regular la actuación de las fuerzas de seguridad, pero finalmente se derogó esa normativa.

Las críticas
“En este nuevo texto tampoco es claro de qué se trata el ciberpatrullaje y bajo qué hipótesis se usa y con qué controles”, subraya Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Resulta grave, además, que entre los delitos que figuran para hacer figuras preventivas en el espacio cibernético esté el de amenazas y otras formas de intimidación o coacción. Cualquier mensaje en Twitter podría considerarse amenaza, más aún si se habilita el patrullaje automatizado sin estándar específico de control humano”, advierte.

Hay otro punto que detectaron en el CELS y que les causa preocupación. La resolución de Bullrich replica el inciso 2 del artículo 4 de la ley de Inteligencia, que dice que no se puede obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o usuarios por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política. Sin embargo, omite la parte en la que afirma que tampoco se puede hacer inteligencia por la adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales. Alarma la omisión sobre todo cuando la ministra denuncia a quienes participan en protestas si integran organizaciones sociales o gremios.

“Bullrich le está dando a la PFA y al resto de las fuerzas de seguridad federales una facultad para hacer tareas de inteligencia”, afirma, por su parte, María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). “Aunque la resolución dice lo contrario, es un instrumento que invade la libertad de expresión y la criminaliza. Es todo tan vago que puede entrar cualquier cosa”, añade la abogada.

Al constitucionalista Andrés Gil Domínguez le preocupa parte del artículo 3 de la resolución. Allí, se establece que las denuncias requerirán de un análisis en función de las “características comunicacionales” propias del medio en que se realizan y del presunto infractor. Además, afirma que se excluirán aquellas conductas consideradas regulares, usuales o inherentes al uso de internet y que no evidencien la intención de transgredir alguna norma.

Gil Domínguez explica que el Ministerio de Seguridad no puede regular en materia de libertad de expresión, algo que le corresponde al Congreso, y de yapa les da discrecionalidad absoluta a las fuerzas de seguridad para decir qué conducta es regular o inusual. “Esto implica la posibilidad de analizar perfiles y decidir qué se denuncia. Por ende, es la posibilidad de perfilar a todos y de coartarles la libertad de expresión a todos”, resalta.

Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, describe que se pretende homologar el ciberpatrullaje con el patrullaje que hace un policía en la calle para prevenir el delito. “No es un mero recorrido. Es una forma de vigilancia. Se va armando un seguimiento de personas, pero se le pone un velo inocente. Es una forma de inteligencia de fuentes abiertas. Por ende, debe estar enmarcada dentro de la inteligencia criminal que se hace dentro de una causa por un delito específico, con orden judicial y el contralor correspondiente”, dice.

Para Busaniche, la resolución de Bullrich deja muchas preguntas sin responder: qué tecnología se va a emplear, qué acuerdos se van a hacer con las plataformas, si éstas van a habilitar el ciberpatrullaje sobre perfiles que no son públicos, si se usará una tecnología del tipo caja negra –como la que se utiliza para el reconocimiento facial, que tienen sesgos específicos que perjudican a ciertas poblaciones o grupos sociales.

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