El número de empresas estatales se redujo notablemente desde el primer momento de conocerse la ley, aunque tanto Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina podrán ser privatizadas.

La Cámara de Diputados mediante la aprobación de la Ley Bases, habilitó la normativa que posibilita la eventual privatización de cuatro empresas publicas, entre ellas, Aerolíneas Argentinas. Además, serán sujetas a concesión otras cinco. 

 Cuáles son las empresas a privatizar

Aerolíneas Argentinas
Energía Argentina SA
Radio y Televisión Argentina
Intercargo SAU
Las empresas sujetas a privatización o concesión:

 Agua y Saneamientos Argentinos SA
Correo Oficial de la República Argentina
Belgrano Cargas y Logística
Sociedad Operadora Ferroviaria
Corredores Viales
El apoyo del PRO y el rechazo del kirchnerismo marcaron el debate. La influencia de las bancadas de la UCR, liderada por Rodrigo De Loredo, y Hacemos Coalición Federal, bajo la dirección de Miguel Ángel Pichetto, fue fundamental en la conformación final del texto legislativo, condicionando cada modificación.

Sin embargo, las discrepancias persisten. Mientras que algunos defienden el contenido del texto, otros objetan ciertos puntos y realizan comparaciones controvertidas. 

 Entre los puntos más debatidos se encuentra la metodología de votación. Se ha acordado un mecanismo que busca evitar contratiempos, permitiendo una deliberación fluida y efectiva. No obstante, existen temas particulares que generan tensiones y cuyos resultados aún no están claros.

Uno de estos temas se refiere a las facultades delegadas, que otorgan al Ejecutivo la capacidad de tomar decisiones importantes en la reestructuración de organismos públicos. Aunque se han establecido ciertas excepciones, la inclusión de nuevas instituciones en la lista ha generado un intenso debate. El compromiso del Gobierno de no interferir con ciertos organismos, como el Banco de Datos Genéticos, es todavía un punto de controversia. 

A pedido de la UCR se incorporó un listado para dejar por escrito instituciones que el Gobierno no "podrá tocar". Entre ellas, por ejemplo, el CONICET; el Laboratorio Malbrán, y el INCAA.