Javier Milei “arrasa con todos los apoyos culturales”

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Distintos sectores de la cultura rosarina se organizan para hacer frente a las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Sostienen que el DNU y la Ley Ómnibus avanzan contra diversos institutos de promoción y financiación de la cultura cuyo cierre significaría el fin del teatro independiente, la industria audiovisual local y el mundo editorial, entre otras aristas.

El pasado 2 de enero, más de mil trabajadores de la cultura rosarina se reunieron, de forma presencial y virtual, en el Centro Cultural Atlas para elaborar un plan de lucha en las calles que contempla un “cacerolazo cultural” el próximo miércoles, a las 18, desde la plaza Montenegro hasta la Plaza 25 de Mayo. La consigna es "en contra del DNU, la Ley Ómnibus y el Protocolo antipiquetes que buscan desfinanciar y destruir nuestra cultura". También habrá una asamblea pública el 20 y definieron el acompañamiento al paro general lanzado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 24 de enero. Rosario/12 dialogó con dirigentes de distintos sectores culturales para conocer el impacto que podrían traer estas medidas en la cultura rosarina.

De la asamblea realizada en el Centro Cultural Atlas quedaron dos conclusiones claras. La primera es que el panorama es grave. En un petitorio público dirigido a los legisladores nacionales por Santa Fe, distintos sectores culturales de la provincia denunciaron que tanto el DNU como la Ley Ómnibus proponen derogar el Instituto Nacional del Teatro (INT), cerrar el Fondo Nacional de las Artes (FNA), desfinanciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), y eliminar la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que unifica de venta al público de libros (N° 25.542). La segunda conclusión fue que la resistencia debe ser colectiva. 

El director, productor y guionista Gustavo Postiglione consideró que el impacto de estas medidas puede ser “muy grande y tremendo” para la cultura en general, y para la industria audiovisual en particular. Según explicó, el sector representa el 3% del empleo registrado del país y da trabajo a unas 620 mil personas de forma directa e indirecta, lo que hace mover la economía de múltiples maneras. “Por cada peso que se invierte en una película local se generan 5 pesos más”, señaló. Además, recordó que la eliminación del INCAA pone a Rosario “en un lugar muy complicado” porque complica la situación de los pequeños productores: “El que filma con Netflix o HBO no va a tener estos problemas, esto tiende a hacer pelota al cine argentino”.

Pero además de las consecuencias económicas, y de pérdidas de fuentes de trabajo, para el cineasta local las medidas tienen un trasfondo simbólico muy fuerte: la reducción y eliminación de voces. “La cultura y el arte siempre son disonantes y confrontan con el poder. Y esto hace que se quieran acallar. Lo que se está haciendo es tratar de eliminar algo que es fundamental para la existencia de un país, que es tratar de quitar su identidad. A su vez, eso lleva aparejado otra cuestión que es rebajar la condición del actor, de la actriz, del director, tratando de quitarle la dignidad de su trabajo. Y la dignidad de un trabajador es poder vivir y transitar la vida a partir de lo que uno sabe hacer. Quitarnos esa posibilidad es denigrarnos”, analizó. 

Por su parte, el actor y director teatral Christian Álvarez, consideró que el avance de estas medidas puede generar consecuencias “muy graves” en el teatro autogestivo e independiente de Rosario. En ese sentido aclaró que un subsidio del INT garantiza alrededor del 50% de lo necesario para poder producir una obra, lo que genera un efecto multiplicador en el tiempo: “Uno recibe para esa obra y después la puede hacer muchísimas veces más en distintos lugares. Un subsidio se prorratea no solamente en la generación de esa obra, sino en ensayos y funciones a lo largo del tiempo. Y eso se multiplica en la economía, además de ser un sustento de vida”.

Para el delegado rosarino de la Asociación Argentina de Actores, esa situación dificultaría las posibilidades de producir en la ciudad. “Como cualquier otra labor, la mayoría de los actores y artistas, de los titiriteros y titiriteras, día a día nos levantamos para producir nuestras obras, para venderlas y poder referenciar la vida desde un lugar en el que creemos, que nos iguala a cualquier otro trabajador”, analizó. 

En una misma línea, el actor Manu Armoa se refirió a la situación de las salas de teatro de la ciudad que, en su mayoría, dependen de los subsidios que otorga el INT para sostener su funcionamiento. “A la vez que vemos venir un aumento de las tarifas de luz, gas y agua, entendemos que se va a dar una disminución importante de la ciudadanía en los consumos culturales”, sostuvo. Y agregó: “Perder los subsidios de producción y formación significa que la gente va a tener que buscar otra vocación porque no va a poder ser un ingreso principal”.

A su vez, la actriz y cantante rosarina, Miriam Cubelos, señaló que las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei “arrasa con todos los apoyos culturales”, lo cual impacta no solo en los artistas, sino en todos los trabajadores que hacen posible un espectáculo cultural. “Esto es aberrante, es un retroceso infernal”, expresó y agregó: “A partir del surgimiento de esas instituciones de fomento, ha crecido tremendamente la cultura. Pero se ha perdido la batalla ideológica de hacerle entender a la sociedad para qué existen esos espacios”.

En el mundo editorial, la preocupación pasa por la posibilidad de que se derogue la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que establece un precio único de los libros en todo el país y en todos los canales de comercialización. “La ventaja de eso es que da la posibilidad de competir en igualdad de condiciones a los más chicos y a los más grandes, porque los sectores más concentrados pueden lograr tener mejores descuentos”, explicó Perico Pérez, de la editorial Homo Sapiens.

 Para el editor, que además es miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina del Libro, esa ley fomenta la “biodiversidad” de los tipos de lecturas: “Las grandes superficies siempre privilegian los libros que más se venden, y las pequeñas y medianas editoriales de todo el país no tendrían posibilidad de exhibir su material si desaparecen las pequeñas librerías. Con lo cual, los autores tampoco tendrían tantas posibilidades de publicar. Entonces, un pequeño grupo va a determinar qué se lee”.

La situación impacta en toda la cadena del libro, que nuclea alrededor de 250 mil trabajadores. Según números difundidos por la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), en la Argentina hay más de 1.500 librerías y más de 2.000 editoriales registradas, de las cuales el 80% son pymes que producen 6 de cada 10 novedades que se venden en librerías. Carolina Elorza, de la librería Mal de Archivo, señaló que Argentina fue pionera en Latinoamérica respecto a la sanción de la Ley de Defensa de la Actividad Librera, y recordó que en los países que tenían esta normativa y la derogaron, como Reino Unido, “los precios no disminuyeron con el tiempo, sino que se duplicaron por encima de los valores de mercado y la oferta de libros y librerías se vio visiblemente disminuida”.

A su vez, para la escritora María Fernanda Trébol, la pluralidad y la diversidad de voces hoy está garantizada “por la existencia de una gran cantidad de sellos editoriales que no solamente producen con una mirada comercial, sino que dan voz y dan lugar a artistas de todo tipo”. La derogación de las leyes de protección al sector del libro tendría un impacto negativo, por eso reclamó que el Poder Legislativo ponga un freno a las medidas que busca implementar el gobierno nacional. “No me extraña que la cultura sea un ámbito de ataque, porque es ahí donde reside la capacidad de memoria, de florecer, de ampliarse y de pensar. Si todo se acota, si todo se uniforma, es la manera de conducir más fácilmente a las comunidades y a los pueblos”, evaluó. 

Por su parte, Carlos Núñez, referente de la Biblioteca Popular Pocho Lepratti, de barrio Tablada, consideró que las Bibliotecas Populares de Argentina son un ejemplo en toda Latinoamérica, y que en Rosario funcionan actualmente unas 25 instituciones, con logros muy importantes a partir de las políticas públicas implementadas por la CONABIP. Desde subsidios para la compra de libros, hasta la posibilidad de participar en distintas ferias del país, pasando por procesos de capacitación y formación que, al desfinanciarse el organismo, pasarían a ser irrealizables. “Todo eso está en absoluto riesgo”, cuestionó.

 “Con las radios comunitarias sucede lo mismo. En el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) convivimos más de 100 experiencias de comunicación popular, que vinculan a las comunidades con otra forma de pensar y desarrollar las agendas informativas, con plena participación, desde una perspectiva plural y federal”, sostuvo Nuñez, también integrante de Radio La Hormiga. “De suspenderse los fondos concursables del Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM), Solo se escucharán las voces emanadas de los medios hegemónicos que consideran a la comunicación como una mercancía y no como un derecho”, añadió. 

Rosario/12

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