Por Luis Bastús

La resistencia popular en Casilda a la tala de árboles en su mayor espacio verde –el parque municipal Sarmiento– para erigir allí la nueva sede de Tribunales escaló en las últimas horas a niveles inusitados de tensión en esta ciudad a 60 kilómetros al oeste de Rosario. La empresa a cargo de la construcción retomó ayer el desmonte y remoción de plantas para despejar el predio, bajo fuerte custodia policial. Y cuando varios vecinos y vecinas quisieron detener esa tarea, fueron reprimidos con disparos antidisturbios y gases lacrimógenos. Hubo una decena de personas arrestadas, luego liberadas. También la tensión escaló frente a la Municipalidad, acordonada de policías. Allí los manifestantes estamparon su repudio sobre el asfalto en numerosos y elocuentes grafitis. Y en el pedazo de parque en disputa, no quedó ni un solo árbol en pie.

"Hoy a las 6 llegaron fuerzas especiales a reprimir al acampe. Antes de despertar se llevaron a dos compañeros, Mara Garro y Franco Berardo. A él lo golpearon y a ella la llevaron detenida policías varones", relató ayer una de las mujeres que resiste el desmonte en un acampe que lleva ya más de un mes allí plantado en defensa del parque céntrico que costea el arroyo Candelaria, el principal pulmón verde de la ciudad. 

"Entraron al parque por la fuerza, con motosierras, aún sin estudio de impacto ambiental, sin audiencia pública, sin legitimidad social. Y empezaron a destruir el parque. Cuando un compañero, Mauricio, quiso detener al hombre de la motosierra lo molieron a palos y se lo llevaron detenido", agregó la mujer.

El choque de ayer entre manifestantes y policías fue el pico máximo de un conflicto que persiste desde fines del año pasado, cuando la Corte Suprema provincial dispuso iniciar la obra de construcción del nuevo edificio judicial en esa ciudad cabecera del departamento Caseros.Y lo hizo sobre un predio que el gobierno provincial le cedió en 2007 al Poder Judicial santafesino, un solar de 2.400 metros cuadrados, integrado al parque municipal Sarmiento y poblado de frondosa arboleda. Hasta ayer. 

Por entonces, el convenio tuvo el visto bueno del intendente de ese momento, el actual senador departamental Eduardo Rosconi.

El proyecto quedó en suspenso hasta el año pasado, cuando la Corte licitó la obra con un presupuesto de $1.300 millones, a 730 días de plazo. 

Según los asambleístas, esa cesión del terreno por parte del Ejecutivo se hizo de manera provisoria, por un convenio que no ha sido convalidado por un decreto o ley. Por lo tanto, asumen que todo el proyecto se está desarrollando sobre una base no legal.

"Por lo tanto, se podría reubicar el emplazamiento de este edificio, si hubiera decisión política. Pero no la hay. No quieren. No les importa arrasar con el espacio público, con la arboleda justo en estos tiempos de sequía, de contaminación ambiental. Es un crimen y quien lo impulsa es ni más ni menos que la Corte Suprema de Justicia, consentida por el poder político", repudiaron los miembros de la Asamblea Ciudadana de Casilda.

En los primeros días de diciembre, ese colectivo civil se plantó ante lo que se interpretó como un delito ambiental porque significaría remover todos los árboles en el lugar. Cosa que finalmente, ocurrió.

Algunos interpusieron un amparo ante la jueza local Laura Babaya para que ordene detener la obra, pero esta rechazó el planteo y dio luz verde a las motosierras.

Los operarios de la constructora Bordo, a cargo de la obra, volvieron ayer al predio con elevadores y motosierras y acabaron por derribar los árboles. Luego seguirán las tareas de remoción de raíces para iniciar la construcción del palacio judicial. 

Cuando los manifestantes intentaron impedir los trabajos, la policía avanzó y los disuadió con golpes y gases lacrimógenos. No era solamente policía local, había tropas del Grupo de Acción Táctica que el ministro de Seguridad, el casildense Rubén Rimoldi, ordenó enviar como refuerzo.

Mientras tanto, el intendente actual, Andrés Golosetti (PJ), no atendió a los asambleístas que pidieron ayer tener una instancia de diálogo. En consecuencia, la protesta quedó plasmada en profusas leyendas de denuncia pintadas en la calle y la fachada de la sede municipal. "Poder Judicial ecocida y corrupto", fue la leyenda más suave que le dedicaron.

A la mañana hubo cuatro jóvenes detenidos, luego liberados. Ayer por la tarde, las últimas 5 personas que habían sido arrestadas –al parecer, sin orden judicial– recuperaron la libertad y sin que se le impute en lo formal delito alguno. 

"Nos enteramos ahora que el operativo policial lo pidió la Municipalidad, mandó a la policía a desalojarnos, pero nadie dio la cara", señaló a Rosario/12 Franca Bonifazzi, una de las integrantes de la Asamblea desde el acampe. El lunes radicarán denuncia penal por los hechos de ayer, que consideran como un acto de violencia institucional. 

Rosario/12