La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei sufrió este lunes un revés clave en la Justicia. Un fallo del fuero laboral hizo lugar a un planteo presentado por la CGT y ordenó suspender de manera provisoria más de 80 artículos de la normativa.

La resolución fue dictada por el juez Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 72, quien consideró que existen elementos suficientes para poner en duda la constitucionalidad de varios puntos de la ley y advirtió sobre posibles perjuicios de difícil reparación si las disposiciones entraban en vigencia.

El fallo tiene alcance general, por lo que impacta sobre todas las relaciones laborales alcanzadas por la legislación nacional. En ese sentido, el magistrado dispuso que los artículos cuestionados queden en suspenso hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, en un proceso que podría extenderse durante meses.

Entre los argumentos centrales, Ojeda sostuvo que se configura una “verosimilitud del derecho” en el planteo sindical y que la aplicación inmediata de la reforma podría implicar una pérdida efectiva de derechos laborales. Según interpretó, esa eventual afectación justificaría la intervención cautelar para evitar consecuencias irreversibles.

La medida alcanza a aspectos sensibles de la reforma, como cambios en las condiciones de contratación, la regulación del trabajo en plataformas, los criterios de interpretación de las normas laborales y la responsabilidad en esquemas de tercerización. También quedaron suspendidas modificaciones vinculadas a la jornada laboral, los descansos, los mecanismos de actualización de créditos y la forma de pago de sentencias judiciales.

Uno de los puntos más relevantes del fallo es la paralización del esquema de Fondo de Asistencia Laboral, previsto para reemplazar en parte el sistema tradicional de indemnizaciones. El juez entendió que ese mecanismo podría afectar la protección de los trabajadores y comprometer recursos vinculados a la seguridad social.

Asimismo, la resolución dejó sin efecto cambios en materia de derecho de huelga, negociación colectiva y organización sindical, incluyendo disposiciones sobre convenios colectivos, aportes gremiales y regulación de conflictos laborales.

En los hechos, la decisión judicial implica que, por el momento, continúan vigentes las normas anteriores en materia laboral, mientras se sustancia el proceso judicial. El Gobierno nacional, por su parte, ya anticipó que apelará la medida y no descarta llevar el caso hasta la Corte Suprema.

El fallo abre así un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y el movimiento sindical, en un escenario donde la reforma laboral aparece como uno de los ejes más controvertidos del programa económico oficial.