Durante la presentación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional confirmó que no aplicará la ley de financiamiento universitario, pese al rechazo del veto presidencial en el Congreso. En lugar de implementar los ítems solicitados en la normativa, habrá un “aumento real” del 7% del presupuesto, sin recortes ni despidos, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Educación.

Condicionamiento de la aplicación de la ley
Hace una semana, el Gobierno promulgó la ley de financiamiento universitario, pero condicionó su aplicación hasta que el Congreso determine de dónde saldrá el dinero para solventar la medida. Desde el Ejecutivo resaltaron que implementar la normativa sin lineamientos específicos representa una “irresponsabilidad funcional”, por lo que decidieron pausarla hasta resolver esta situación.

Además, resaltaron que esta medida atenta directamente contra el equilibrio fiscal, considerado como el pilar fundamental de su plan económico. Es que, según las estimaciones oficiales, para implementar esta ley necesitaban al menos $1,07 billones en 2025 y $2 billones en 2026, una cifra que consideran “inviable” y con la que el Estado no cuenta. Por ello, necesitan detalles de cómo aplicar la normativa sin generar un déficit en el Estado.

Recordemos que la ley 27 759, aprobada hasta en dos ocasiones por el Congreso, apunta a resolver la crisis salarial y presupuestaria de las universidades de todo el país. Asimismo, contempla una recomposición salarial de los empleados, con actualización del IPC. Además, incluye la partida de recursos para becas, entre otras actividades educativas dentro de las instituciones.

La negativa del Gobierno
Hoy, el Gobierno nacional confirmó que finalmente no aplicará la ley de financiamiento universitario, desoyendo la voluntad legislativa. En el marco de la presentación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron la decisión del Ejecutivo, asegurando que no hay tal crisis en las universidades.

“No cerró ninguna universidad, no hay éxodo docente ni ajuste con despidos”, insistió Álvarez, al tiempo que tildó de “campaña de miedo” las acusaciones sobre la presunta crisis en las universidades. En ese sentido, aseguró que el sistema educativo universitario cuenta actualmente con 198 mil docentes, 2 mil más que al inicio de la gestión libertaria, un dato que refutaría las versiones sobre la renuncia de profesores.

Por su parte, Torrendell destacó que “aumentar el gasto estatal no garantiza una mejora educativa”, por lo que no está de acuerdo con los pedidos exigidos en la ley de financiamiento universitario. El funcionario comparte la visión del Ejecutivo, que es “invertir mejor, no gastar de más”. Por ello, en el Presupuesto 2026 incluyeron un incremento nominal del 17,6%, lo que representa una “mejora real” del 7%, frente a una inflación proyectada del 10,7%.

Críticas de la oposición
La oposición rechazó rotundamente la decisión del Gobierno nacional, a la que calificó como un “flagrante incumplimiento de una ley vigente”. “Si no vino a traer buenas noticias, suelte la plata. No hay excusas cuando sí hubo fondos para otros programas”, destacó Maximiliano Ferraro, representante de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados.

En tanto, Leandro Santoro, de Unión por la Patria, rechazó los argumentos del Ejecutivo y resaltó que el impacto fiscal de esta ley es apenas del 0,2% del PBI, mientras que otras leyes, como la rebaja de impuestos a los Bienes Personales, representan una pérdida para el Estado del 0,4%.

Frente a estas críticas, Álvarez sostuvo que, por más que quiera, el Ejecutivo no puede “incurrir en un acto de ilegalidad al financiar una norma que no especifica de dónde salen los fondos”. Y con ironía, argumentó: “Por más que el Parlamento derogue la Ley de Gravedad, la gravedad sigue existiendo”. De esta forma, finalizó el debate por el Presupuesto 2026, que continuará la semana que viene