Durante la misma conferencia en la que anunció el cierre de Vialidad Nacional, el vocero presidencial Manuel Adorni detalló las reformas más relevantes promovidas por Javier Milei a través de 65 decretos delegados durante el último año, que implicaron un ahorro estimado de 2.000 millones de dólares anuales en gastos estatales. Allí, destacó que fue la primera gestión que utilizó estas facultades respetando estrictamente los límites establecidos por la Constitución (sin prórrogas indefinidas) y con un objetivo claro: encarar las reformas necesarias para rescatar a la Argentina de su crisis.

Un punto central del anuncio fue la disolución de múltiples institutos nacionales de escasa funcionalidad, según indicó. En este paquete se incluyeron el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Belgraniano y el Juan Domingo Perón, así como otros vinculados al patrimonio histórico y cultural. También se transformó el Instituto Nacional del Cáncer en una unidad interna del Ministerio de Salud, mientras que el INTI pasó a ser una “unidad organizativa” con funciones limitadas, y el INTA se reconvirtió en un organismo desconcentrado.

 En paralelo, Adorni resaltó una reestructuración profunda de autoridades y agencias vinculadas al transporte y a la salud pública: la Dirección Nacional de Vialidad fue disuelta; la Agencia Nacional de Seguridad Vial fue reemplazada por controles a cargo de Gendarmería, que ya registra la inspección de 2,5 millones de vehículos y 80.000 puntos de control anuales; y las comisiones nacionales del tránsito y del transporte fueron absorbidas por una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.

Por el lado sanitario, se avanzó en la unificación administrativa y financiera de cinco hospitales nacionales (Somer, Posadas, Carrillo, Bonaparte e Inareps), se eliminaron delegaciones sanitarias federales inactivas, y se revocó la facultad del Ejecutivo de crear nuevos hospitales bajo SAMIC. Además, el Instituto Nacional del Cáncer pasó a integrarse al Ministerio de Salud para mejorar su gestión, mientras que se reordenaron funciones dentro del Malbrán para evitar duplicaciones y se eliminaron el Instituto Nacional de Medicina Tropical y el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, este último creado por ley en 2015 pero nunca operativo, según sostuvo Adorni.

En el sector agropecuario y social, se suprimieron organismos que superaban su función inicial: el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, donde el 85 % del presupuesto se destinaba a salarios para mil empleados, y el Instituto Nacional de Semillas, cuya eliminación representa un ahorro de unos 1.000 millones de pesos anuales. También se disolvió la agencia regulatoria del cáñamo medicinal, y se criticó al INADI por tener 430 empleados y elevados costos de alquiler, acusándolo de servir como plataforma de “adoctrinamiento político”.

Adorni también enfatizó que estas medidas tienden a eliminar duplicaciones y gastos superfluos, e incluyó al cierre de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Microcréditos, cuyo presupuesto representaba apenas el 0,15 % de lo invertido, según dijo.

Para cerrar, Adorni remarcó que, gracias a este plan de reformas, la Argentina comienza a alinear sus estructuras estatales con estándares de eficiencia internacional, rescindiendo contratos y cerrando áreas que calificó como “temas frivolos y costosos”, y dejando en claro que, si bien faltan desafíos por delante, ya se ganó una batalla importante contra el gasto público improductivo.