Chile ha roto la baraja. No con discursos tibios ni condenas vacías. El presidente Gabriel Boric anunció el 1 de junio de 2025 en su cuenta pública ante el Congreso Nacional un conjunto de medidas que marcan un giro histórico en la política exterior y militar del país: apoyo al embargo internacional de armas a Israel, retiro de los agregados militares en Tel Aviv, exclusión de las empresas israelíes de la feria militar FIDAE y un proyecto de ley para prohibir la importación de productos fabricados en territorios palestinos ocupados ilegalmente. Todo en un solo paquete. Sin paños calientes.

El mandatario fue claro al hablar de “genocidio y limpieza étnica” en Gaza. Palabras que en boca de un jefe de Estado no son retórica: son un posicionamiento político contra un sistema global que permite que menores sean asesinados con armas made in Elbit Systems mientras Occidente mira para otro lado. Boric lo dijo en voz alta: “No podemos seguir financiando la muerte de niños”.

Lo que está en juego no es una coyuntura diplomática, sino el modelo mismo de relaciones internacionales. Chile no sólo denuncia. Actúa. Y eso duele. Porque interrumpe un flujo constante de negocios armamentísticos y favores entre cúpulas militares, diplomáticas y corporativas.

La ruptura no es simbólica. El embargo tiene consecuencias económicas. La exclusión de firmas israelíes de la FIDAE 2024 —una de las ferias más importantes de defensa en América Latina— dejó fuera a gigantes como Rafael Advanced Defense Systems, Elbit Systems y Aeronautics Ltd., y fue anunciada oficialmente por el gobierno chileno en abril de 2024, como recoge el medio especializado Infodefensa.com.

La industria de defensa israelí lleva más de medio siglo operando en las Fuerzas Armadas chilenas. Desde los años 70, bajo la dictadura de Pinochet, Israel fue uno de los principales proveedores de armamento, formación e inteligencia. Continuó siéndolo en democracia. Boric, por primera vez en cinco décadas, cuestiona esa dependencia estructural.

La orden es clara: la ministra de Defensa Adriana Delpiano deberá presentar un plan de diversificación para reducir la dependencia chilena de la industria militar israelí. No se trata solo de cambiar de proveedor. Se trata de abandonar un modelo de seguridad que normaliza la ocupación y la violencia.

CUANDO EL DERECHO INTERNACIONAL SE HACE GOBIERNO
Boric no sólo señala: legisla. Chile va a patrocinar y dar urgencia parlamentaria a un proyecto de ley que prohíba la importación de productos provenientes de territorios palestinos ocupados ilegalmente, en respuesta al nuevo anuncio de expansión de asentamientos del gobierno israelí. Es la primera vez que un país latinoamericano plantea una ley con estas características. Una medida alineada con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, que reconocen la ilegalidad de los asentamientos en Cisjordania, Jerusalén Este y el Golán.

No es una medida “contra Israel”, como repite el lobby sionista cada vez que se tocan sus privilegios. Es una defensa del derecho internacional. Del mismo modo que lo sería sancionar a Rusia por invadir Ucrania o a Marruecos por ocupar el Sáhara Occidental. El doble rasero ha durado demasiado.

La reacción de la embajada israelí en Santiago no se hizo esperar. En mayo de 2024, tras la retirada de su agregado militar, el coronel Amit Guy, el embajador Gil Artzeli amenazó con cortar las relaciones, cuestionando el “perjuicio a décadas de cooperación”. Lo dijo sin sonrojo, como si el asesinato masivo de civiles no fuera motivo suficiente para romper vínculos.

Pero cooperar no es callar. Ni comprar drones de una potencia ocupante es neutralidad. Es complicidad. Y Chile ha decidido dejar de ser cómplice.
El gobierno también ha reiterado su condena al terrorismo de Hamas y ha exigido la liberación de las personas secuestradas. No hay equidistancia. Hay principios.

Mientras tanto, en Europa, sólo España ha dado un paso similar. El gobierno de Pedro Sánchez anunció el embargo de armas a Israel en mayo, aunque sin medidas adicionales. La decisión chilena va más allá. Porque vincula diplomacia, economía y defensa en una misma línea de coherencia.

Este giro estratégico de Chile llega tras meses de presión social, denuncias de organizaciones de derechos humanos y movilizaciones en las calles. Boric ha escuchado lo que otros gobiernos silenciaron.
En tiempos de guerra, la neutralidad es un privilegio del opresor.