“Siguen vigentes”, respondieron desde el Gobierno ante la pretensión de la Sociedad Rural Argentina de dejar de pagar las retenciones. Junto a la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), la SRA presentó un amparo ante la Justicia Federal de Córdoba para no abonar más los derechos de exportación a los granos y subproductos desde el 1º de enero.

El presidente del organismo nacional, Nicolás Pino, llegó a calificar a los aranceles de “inconstitucionales”. En una conferencia de prensa, el titular del gremio patronal disparó que "las retenciones son inconstitucionales y para que un tributo exista, debe existir la ley que avale ese tributo".

Desde el Ministerio de Economía aclararon a El Destape que “las medidas que se dictan en uso de facultades vigentes a ese momento siguen vigentes hasta que se derogan; y eso no ha sucedido”. “Es un intento de la SRA, pero no válido”, retrucaron en la cartera que conduce Martín Guzmán.

“Si fuera así, caen todas las normativas legales de todo el país”, sumó otra fuente del Gobierno. “Hasta que no se deroga una norma, no cae”, respondió a este medio, y en este caso no se dio una derogación legal.

Pero, además de todo esto, la facultad para cobrar los derechos de ventas al exterior está contemplada dentro de la Ley del Código Aduanero. Dentro de eso, se pueden implementar o perfeccionar medidas.

Desde otra dependencia con injerencia directa en el tema abonaron a la misma contestación y le sumaron sorpresa por la intención de la SRA de eliminar aranceles que no se incrementaron en el último período. “Como no hay Presupuesto 2022, el Gobierno no está buscando aumentar las retenciones, ni bajarlas sobre los cultivos tradicionales. Debería pasar por el Congreso y no está la voluntad política de hacerlo en este momento”, clarificaron. Recordaron que para algunas economías regionales las retenciones incluso disminuyeron, como el maíz pisingallo y el maní.

A la Justicia
La Sociedad Rural se presentó en los tribunales federales de Córdoba con el argumento de que cuando el Congreso rechazó el proyecto de Presupuesto 2022 que había enviado el Gobierno, junto con ello, desaprobó un artículo que permitía al Gobierno cobrar los derechos de exportación.

La ley de Solidaridad, aprobada en diciembre de 2019, al inicio del mandato del Frente de Todos, buscaba revertir la reforma fiscal del 2017, en la cual se estableció un sendero de reducción gradual de derechos de exportación. El Presupuesto 2022, pretendía reforzar estas capacidades para elevar retenciones, pero la oposición rechazó la ley de leyes, por lo que el Ejecutivo prorrogó el de 2021.