Juan Carlos Casas

 Sebastián Ramos consideró que los acusados habían sido víctimas del espionaje estatal. Dijo que aquello denunciado como "dádivas" son acciones que "deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos".

 La justicia anuló la causa contra los jueces, empresarios y ex funcionarios que habían viajado a Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín y estaban acusados de dádivas. El juez Sebastián Ramos consideró que hubo una "actividad de seguimiento irregular" de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

 En su fallo, el juez explicó que "no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis". Sostuvo que lo que los denunciantes consideraron dádivas, en realidad son "acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos".

La denuncia incluía los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; y el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D' Alessandro. También el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo; al administrador del Lago Escondido, Nicolás Van Ditmar; al exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, Leonardo Bergroth; y al publicista Tomás Reinke.

La causa había provocado la renuncia de D'Alessandro, el ministro de seguridad porteño y se originó luego de que se filtrara un video de los acusados llegando al aeropuerto de Bariloche.

 Ramos utilizó la expresión "excursión de pesca", un término que se utiliza en la Justicia para explicar las denuncias que buscan investigar una situación para ver si surgen indicios de una situación delictiva. Lo peculiar es que los acusados habían asegurado que el fin del viaje era justamente dedicarse a la pesca.

 "Corresponde hacer especial hincapié, pues ha quedado demostrado en autos que existió una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado, y que las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados", argumentó Ramos.

Si el fiscal Ramiro González no apela el fallo, la causa quedará definitivamente cerrada.

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