Lavado de Activos: piden informes sobre convenio urbanizador de barrios privados de inversores narcos

Requieren que Javkin haga revisar el acuerdo de 2005, celebrado entre la Municipalidad y el fideicomiso del empresario Shanahan, hoy detenido por financiar narcomenudeo.
 
El Concejo Municipal encomendó ayer al intendente Pablo Javkin que revise, a través de la Agencia Contra el Lavado de Activos de origen delictivo, el convenio que la Municipalidad celebró hace casi 20 años, cuando Miguel Lifschitz era intendente, con un fideicomiso para millonarios desarrollos inmobiliarios en el extremo oeste de Rosario, detrás del cual estaba el financista Gustavo Shanahan, hoy con prisión domiciliaria y a la espera de juicio oral como acusado de integrar una célula de narcotráfico y proveerla de dólares para comprar cocaína que luego se distribuía en la ciudad.

La inquietud tomó forma de proyecto de decreto que salió de la comisión de Gobierno y se aprobó en la sesión de ayer por unanimidad. La iniciativa se propone "revisar y evaluar la derogación de la Ordenanza N°7932/05", que le dio marco a una joya preciada de la gestión socialista de aquellos años, el Plan Especial Parque Habitacional Ludueña, cuyo promotor privado era el propio Shanahan, a la cabeza del Fideicomiso Proyectos Urbanísticos SA, y en vínculo comercial con el Fideicomiso del Jockey.

"Pedimos información al Ejecutivo municipal porque no tenemos un veredicto concluyente, pero sí hay dos hechos objetivos que ameritan abordar el asunto", explicó uno de los autores del planteo parlamentario, el concejal Pedro Salinas (Ciudad Futura). "Uno es que para estas cosas el año pasado creamos la Agencia contra el Lavado. El otro es el procesamiento en la Justicia Federal de Shanahan como presunto miembro directo de una organización narco, y que compartirá banquillo de acusados en juicio oral con personajes de otras escalas socioeconómicas que exponen cómo se vertebra el narcotráfico y el narcomenudeo, y sus derivaciones a negocios de alta escala. Razones suficientes para que la Agencia se aboque, habida cuenta de que el rubro inmobiliario es propicio para el lavado de dinero sucio", analizó Salinas. 

El convenio de urbanización privada con apoyatura municipal se firmó en 2005, para unas 186 hectáreas de suelo vacante a la vera del arroyo Ludueña, desde la intersección con la autopista Rosario - Córdoba, incluido el estado mundialista de hockey y los desarrollos detrás del Jockey Club.

El planteo del Concejo resalta "la necesidad de intervenir decididamente en la interrupción de los circuitos financieros/dinerarios que producen y reproducen la violencia al dotarla de rentabilidad". "No puede ni debe existir –agrega el fundamento– ningún tipo de vínculo, ni tan siquiera simbólico, con quienes generan violencia en la ciudad". 

Shanahan no solo hizo fama con esos fideicomisos –no sin escándalo y reclamos de inversores en el caso del Jockey–, sino que también luego estuvo al frente de Terminal Puerto Rosario.

Por lo tanto, el decreto aprobado encarga al Ejecutivo municipal que en 30 días produzca información sobre los acuerdos y convenios firmados por el municipio con Shanahan y la firma Proyectos Urbanísticos SA. También requiere datos de las personas físicas o jurídicas que formaron parte de las urbanizaciones realizadas y en marcha en sus diferentes etapas. Esto incluye a los inversores que, incluso de buena fe, pusieron plata en esos desarrollos inmobiliarios, algunos ya con residencia estable allí.

El texto aprobado ayer encomienda a la Agencia antilavado del municipio a revisar el convenio del Plan Especial Parque Habitacional Ludueña "si existen indicios que requieran elevar una alerta sospechosa de canalización de fondos para el lavado de activos de origen ilícito". 

"En caso de existir supuestos de comisión de delito de lavado de activos, convoque a una mesa de coordinación y cooperación", concluye el decreto aprobado por unanimidad.

Esto último significaría ya la anulación directa del convenio urbanizador. Y en ese marco, el Concejo propone un ámbito de discusión entre la comisión parlamentaria de Planeamiento y las áreas pertinentes del Ejecutivo para ordenar la derogación del acuerdo con Shanahan y su fideicomiso. Esto es, para "garantizar la inversión y darle tranquilidad a quienes participaron y participan de esos emprendimientos de buena fe", aclaró el concejal Salinas. De esa mesa debería salir un proyecto alternativo que suplante al acuerdo que por ahora está en la mira del Concejo por la situación judicial penal de su principal mentor.