La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió al menos tres prisiones domiciliarias a represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En ese sentido, los camaristas Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma decidieron en forma unánime otorgar este beneficio al genocida exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, con varias condenas a prisión perpetua en su haber; y a los represores Mario Guillermo Ocampo y Luis Firpo, condenados a prisión perpetua en el juicio de la Contraofensiva. Las organizaciones de derechos humanos repudiaron la decisión y exigen que no haya retrocesos en las causas.
Dos de los fallos benefician a represores condenados por el caso conocido como Contraofensiva Montonera, en el que se juzgaron los secuestros, tormentos y homicidios cometidos contra militantes de esa organización política que volvieron del exilio entre 1979 y 1980 para hacerle frente a la dictadura cívico militar que perduraba en el país en ese entonces.
La resolución que beneficia a Etchecolatz fue adoptada en el marco de la causa en la que se encuentra procesado por el asesinato de Horacio Alejandro Benavides, un militante de 22 años ejecutado en septiembre de 1976, a metros de la Plaza Moreno de La Plata, por un grupo de represores de la Dirección General de Investigaciones. Los camaristas consideraron que tiene 93 años y que, como planteó su defensa, su salud sufrió un deterioro por la supuesta falta de recursos del Servicio Penitenciario Federal para poder asistirlo debidamente.
“Horacio era militante y, como muches de nosotres, tenía 22 años. Entendemos que, luego de las conquistas en materia de derechos humanos, y las condenas a perpetua a los genocidas y responsables de la dictadura conseguidas por nuestro pueblo, no hay lugar al retroceso”, manifestaron en un comunicado publicado en las redes sociales desde la organización Nietes.
“Hay jueces que parecen delincuentes. Esto me causa indignación, sobre todo porque hace 15 días otro tribunal dictó una condena a perpetua para Etchecolatz y hoy le dan la domiciliaria”, dijo Rubén López, uno de los hijos de Jorge Julio López, quien declaró como sobreviviente de la dictadura en 2006 en el juicio al genocida, y durante el cual desapareció por segunda vez.
Desde comienzos de la pandemia, Etchecolatz está alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo y, desde hace algunas semanas, se encuentra internado en una clínica de Merlo. El abogado Pablo Llonto, representante de la querella, se opuso a que se concediera este beneficio e, incluso, aseveró que "las patologías presentadas por Etchecolatz se encuentran tratadas adecuadamente". "El hecho de que se encuentre actualmente en el Sanatorio en Merlo, es prueba de que se puede garantizar su derecho de acceso a la salud", indicó.
Por su parte, en comunicación con el diario Página|12, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, sostuvo que siguen con “preocupación” algunas decisiones de algunos tribunales que “facilitan libertades condicionales o prisiones domiciliarias. En muchos de estos casos, somos querellantes y vamos a recurrirlas”.
Esta no es la primera vez que se busca otorgar el arresto domiciliario al represor Etchecolatz en diciembre de 2017, volvió a su chalet en Mar del Plata, ubicado en el bosque Peralta Ramos por decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, el TOF 1 de La Plata –actualmente lo está juzgando por los crímenes cometidos en las brigadas de Lanús, Banfield y Quilmes y que lo condenó a prisión perpetua el mes pasado por desapariciones y asesinatos en Arana– tiene un pedido similar del genocida.
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