Por Luciana Glezer

La justicia le exige al Banco Central que informe donde está el oro de las reservas
El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.

Cuando LPO reveló que Toto Caputo y Santiago Bausili sacaron del país las reservas de oro del Banco Central, en un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario.

El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni que tipo de operación se hizo con ese importante activo.

Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro.

En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.

La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado.

Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de la reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.

 Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido. 

Hace más de un año, el gremio La Bancaria, a través de su secretario general Sergio Palazzo, presentó solicitudes de acceso a la información pública preguntando si había habido envíos de lingotes de oro al exterior, cuántos, en qué fechas, con qué destino y bajo qué condiciones, tal como reveló LPO en ese momento. 

El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. 

La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central. 

Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes ni si siguen generando algún rendimiento. 

El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras. La falta de transparencia no es solo un problema para analistas curiosos. 

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos.

La cuestión adquiere otro matiz cuando se mira el contexto internacional: el precio de la onza de oro alcanzó niveles récord en los últimos años a USD 4.400 la onza. Ese aumento de precio actúa como un salvavidas contable para las reservas del país. Aunque las reservas líquidas, las que realmente se pueden utilizar para pagar importaciones o deuda,están hundidas, el aumento del valor del oro hace que el deterioro no sea aún peor. 

Según estimaciones de analistas de LCG, las reservas netas reales del BCRA podrían estar en torno a USD 18.000 millones negativos, un rojo espeluznante que sería aun peor si el oro de alto precio no estuviese amortiguando parcialmente la caída. 

La paradoja es que los lingotes pueden estar en destino desconocido y aun así seguir computando como reservas en los balances oficiales. En la práctica, si ese oro está en una cuenta en Londres o en el Banco Internacional de Pagos (BIS) en Basilea, para la contabilidad local sigue siendo "reserva". 

El problema surge cuando no hay transparencia sobre si esas onzas efectivamente están guardadas, si están aportando rendimiento o si fueron depositadas como garantía para obtener financiamiento en dólares. 

A esa nebulosa se suma la crítica política. Diversos referentes de la oposición y ex funcionarios, como Martín Redrado, exigieron al BCRA mayor transparencia sobre el manejo del oro y cuestionaron que la entidad evada explicar operaciones que, por su magnitud, requieren control público. 

Hoy, el caso del oro es un símbolo: representa no solo un activo valioso sobre el papel, sino también la falta de claridad de los órganos de control y el desafío de administrar reservas en un momento donde la economía argentina sigue bajo estrés. 

Aunque el precio récord de la onza ofrece un colchón contable, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿dónde está el oro de la Argentina y para qué exactamente se usa? La respuesta, por ahora, sigue siendo un enigma con blindaje oficial.