En un gesto inusual pero contundente, las Naciones Unidas intervinieron en el debate por la reforma constitucional de Santa Fe. Según informan en Infobaes, a través de una carta firmada por la relatora especial para la independencia de jueces y fiscales, Margaret Satterthwaite, el organismo internacional pidió explícitamente que la nueva Constitución garantice la autonomía del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La misiva, enviada a los convencionales constituyentes, pone en foco uno de los debates más ríspidos del proceso: el diseño institucional de la Fiscalía, un tema que incluso divide a la coalición gobernante encabezada por el radical Maximiliano Pullaro.

Mientras el sector mayoritario del radicalismo —expresado por el ministro Lisandro Enrico, presidente de la comisión de Poder Judicial— promueve un modelo con similitudes al sistema estadounidense, donde el MPA quedaría bajo la órbita del Ejecutivo, el socialismo plantea una salida opuesta: un órgano extrapoder, con plena independencia funcional y autarquía presupuestaria. El peronismo, por su parte, busca mantener al MPA dentro del Poder Judicial, aunque con mayor independencia operativa.

La pregunta central, que atraviesa toda la Convención, es si Santa Fe tendrá un Ministerio Público Fiscal verdaderamente autónomo, capaz de actuar sin interferencias, o si el poder político mantendrá su influencia directa sobre quienes pueden investigarlo.

En ese escenario de puja abierta, las palabras de la relatora Satterthwaite cayeron como un misil diplomático. Según expresó, el actual régimen disciplinario y el sistema de designación de fiscales en Santa Fe no se ajustan a los estándares internacionales, y advirtió que la reforma constitucional representa una oportunidad clave para corregir ese rumbo.

La intervención de Naciones Unidas llegó tras un pedido de la Asociación Argentina de Fiscales, que también alertó sobre posibles vulneraciones a la independencia judicial. La relatora recordó que Argentina es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece la necesidad de asegurar la autonomía del Ministerio Público como pilar de un juicio justo y un sistema penal equilibrado. También citó el artículo 120 de la Constitución Nacional, que define al MPA como un órgano independiente, con autonomía funcional y financiera.

Pero el debate trasciende lo jurídico. La discusión por el futuro del MPA agita aguas dentro del oficialismo provincial, al punto que ni siquiera hay consenso dentro del bloque mayoritario. La fiscal general de Santa Fe, Cecilia Vranicich, ya manifestó su desacuerdo con el modelo impulsado por Enrico y, en una de las primeras tensiones explícitas con el gobierno de Pullaro, se posicionó a favor de una fiscalía con plena independencia.

Actualmente, la legislación santafesina permite que el Poder Ejecutivo designe fiscales sin respetar un orden de mérito, y sin justificar públicamente sus decisiones. El último decreto reglamentario (659/2024) establece una lista única, sin calificaciones ni puntajes, lo que habilita un sistema discrecional para nombramientos. Para Satterthwaite, esto “erosiona la autonomía funcional del MPA” y “subordina la designación y permanencia de los fiscales a la voluntad del Ejecutivo”, algo que contraría las buenas prácticas internacionales.

Desde la comisión constituyente que debate el nuevo texto —presidida por Enrico y con representación de todos los sectores— aún no hay definiciones claras. Lo que sí quedó en evidencia es que el modelo institucional del MPA será una de las disputas centrales del proceso. Y ahora, además de las diferencias políticas locales, la presión también llega desde el plano internacional.