El gobierno nacional oficializó la baja a los aranceles a la importación de teléfonos importados del 16 al 8% en una primera etapa, y también fijó otras rebajas a los aranceles para la importación de otros productos tecnológicos, lo que generó una escalada del conflicto con los trabajadores de Tierra del Fuego, donde se asientan muchas de las fábricas de producción de estos artículos en la Argentina. Incluso este miércoles 21 de mayo hay paro total de actividades. 

Vale recordar que, desde el primer día de conocida la medida, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) definió un paro por tiempo indeterminado, con lo cual las fábricas ya están sin actividad desde hace una semana. Y habían anticipado un paro total para hoy. Con lo cual este miércoles se sumaron a la protesta otros sectores como la educación y el transporte, buscando manifestar su rechazo y demostrar el descontento a la medida que aseguran, afectará el trabajo de miles de fueguinos.

En efecto, desde la UOM señalaron los últimos días que, con estas medidas tomadas por el gobierno nacional, se perderán más de 6.000 puestos de trabajo. 

En la industria provincial, consideran que esta medida beneficia a equipos importados, dado que la reducción impositiva será mayor para la mercadería extranjera y sostienen que las compañías locales estarán en desventaja a la hora de competir.

Desde que conoció la decisión oficial viene generando posturas encontradas, entre los que aducen que este Subrégimen de Promoción Industrial fueguino beneficiaba a unos pocos y elevaba fuertemente los precios internos de los productos; mientras que los locales lo defienden. Por caso, la senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, denunció que estas nuevas medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo representan “un golpe mortal contra la industria fueguina, los trabajadores y la soberanía argentina”.

En este sentido, advirtió que las consecuencias “se van a sentir en cada fábrica cerrada, en cada familia sin ingresos, en cada joven que se va de la provincia porque ya no tiene futuro. Es un atentado contra el tejido social y económico” de la provincia.

En tanto, el intendente de Río Grande, Martín Perez, criticó con dureza la publicación de los decretos 333/2025 y 334/2025 del gobierno libertario, que buscan “desmantelar” el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. A través de sus redes sociales, expresó su preocupación por el futuro de la industria fueguina y por los efectos que estas medidas tendrán sobre el empleo local.

“El arancel, absolutamente moderado y racional del 16% que protege a nuestra industria, DESAPARECE y miles de empleos fueguinos están en riesgo”, expresó.

Perez también alertó sobre la intencionalidad política detrás de los decretos: “El fin es desmantelar ‘un régimen que están todos en contra’, como dijo textual este domingo el ministro Luis Caputo. Hoy lo repitió Federico Sturzenegger en Bloomberg.”