Por  Adrián Pérez

En la Casa Rosada se vivió la previa a la marcha de los jubilados como si se prepararan para una nueva jornada represiva. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó las riendas de ese preparativo y se reunió con el asesor Santiago Caputo, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, el secretario de Transporte, Franco Mogetta y el vocero presidencial Manuel Adorni. Hasta ahí todo bien, pero luego se sumaron el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y su segundo, Diego Kravetz. Desde la oposición denunciaron que, con su participación en esta reunión --como en la que el viernes de la semana pasada se hizo en el ministerio de Seguridad-- para organizar la marcha, los funcionarios de la SIDE están violando la ley 25.520 de Inteligencia. 

Mogetta participó porque, a diferencia de lo que hicieron el miércoles pasado, esta semana el gobierno nacional intentará frenar en los accesos a quienes busquen ingresar a la Ciudad de Buenos Aires desde la Provincia para participar de la marcha. "Vamos a frenar a los micros que traen delincuentes", disparan cerca del mandatario. Sin ningún tipo de prueba, Bullrich dijo que la semana pasada hubo "barrabravas y violentos", que, según ella, "salieron de los municipios de Lomas de Zamora y de La Matanza", ambas intendencias conducidas por intendentes peronistas. Tanto Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, como Fernando Espinoza, de la Matanza, desmintieron esa versión, pero desde el oficialismo insisten. Por eso este miércoles intervendrán los accesos.

En el gobierno evalúan que el operativo de la semana pasada "fue exitoso", más allá que dejó a decenas de heridos y al fotoperiodista Pablo Grillo internado en estado crítico, pero que "tienen cosas que mejorar". En ese listado de las cosas para "perfeccionar" el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, dicen que el miércoles pasado hubo un grupo de manifestantes que se desprendió del conjunto y volvió a la zona unas horas después. "Volvieron de sorpresa y estuvieron cerca de entrar al Congreso. Ahora va a haber acciones sorpresa de nuestro lado para que eso no vuelva a pasar y la gente quede toda contenida en un solo lugar", adelantan. "En cuanto veamos un delito, se reprime", amenazan en Balcarce 50.

En cuanto a las armas que usarán los efectivos --la semana pasada hubo más de mil miembros de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria--, aseguran que serán las mismas y que "en eso no habrá cambios". El diputado de Unión por la Patria, Juan Marino, en tanto, el martes presentó un habeas corpus preventivo ante el Juzgado Criminal y Correccional N°8 para que el miércoles las fuerzas de seguridad no puedan utilizar la pistola lanza gases con la que hirieron de gravedad a Pablo Grillo. En Casa Rosada hacen oídos sordos a estos reclamos de la oposición y a todos los reclamos que vienen haciendo en la misma línea las distintas organizaciones de derechos humanos.

Más allá de la participación de Moggeta, que estuvo presente por el corte en los accesos, llamó la atención que la reunión para planificar el operativo de seguridad se haga en el despacho de Santiago Caputo, el asesor del Presidente que no tiene ningún cargo formal en el gobierno, y también que forme parte de la reunión la cúpula de la Secretaría de Inteligencia del Estado. En la oposición tienen sospechas de que haya bases clandestinas con información y datos sobre la filiación política y laboral de las personas después de que, tras la represión de la semana pasada y el disparo a Pablo Grillo, Bullrich saliera a decir que el periodista era "kirchnerista", como si sus preferencias partidarias justificaran el ataque. También aseguró que Grillo trabajaba en el municipio de Lanús.

Integrantes de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, de hecho, tal como adelantó este diario, hicieron un pedido formal al titular, Martín Lousteau, que ingresó este martes por la tarde. El pedido es para que la titular del ministerio de Seguridad, el de la SIDE, su segundo, Diego Kravetz, y el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer, sean citados y den explicaciones de su participación en las reuniones (tanto del viernes como del martes) previas a la movilización del miércoles.

Para los miembros de la comisión que pidieron la citación, los funcionarios están violando el artículo cuatro de la ley 25520 de Inteligencia, que dice que ningún órgano u organismo de inteligencia podrá: "Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación judicial o criminal", ni "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción". 

En ese último punto se detienen desde la oposición y dicen que la mayoría de los manifestantes que participaron de la movilización en defensa de los jubilados son parte de organizaciones sociales, políticas o sindicales y que el gobierno nacional no puede hacer inteligencia sobre ellos, como admitió Bullrich que hizo con Grillo. El fotoperiodista ni siquiera tenía antecedentes penales. "Eso y confesar que están haciendo espionaje político es igual", opinan legisladores que forman parte de la CBI. Ellos esperan que el mismo miércoles de la marcha se defina una fecha para la citación al Congreso de los funcionarios del gobierno nacional.

El miércoles de la semana pasada, mientras Bullrich reprimía a las afueras del Congreso, el presidente firmó un nuevo decreto de necesidad y urgencia para ampliar el presupuesto de la SIDE en 7.000 millones de pesos, incluidos 1.650 millones de fondos reservados.

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