Por Ignacio Cagliero
     
El gobierno nacional suspendió 163 cooperativas y 94 asociaciones mutuales en Rosario. Un total de 257 entidades, de las cuales algunas dejaron de funcionar con el tiempo pero otras desarrollan en forma cotidiana un cúmulo de actividades, que ahora se ven impedidas por la falta de trámites menores que hasta diciembre no eran obligatorios. “Pescaron con red para bajar matrículas”, describen. A nivel nacional son unas 20 mil cooperativas y mutuales entre suspendidas e intimadas, de las cuales unas 1.200 están radicadas en la provincia de Santa Fe. Según las resoluciones del gobierno, tienen entre 10 y 45 días hábiles para regularizar su situación.

 La decisión se conoció a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien adelantó que el Ministerio de Capital Humano comenzaría una “depuración” del padrón de cooperativas “que reviste innumerables irregularidades” y advirtió que suspenderá la operatoria de las creadas entre 2020 y 2022. Sin embargo, entre las cooperativas que aparecen como suspendidas en Rosario no figura ninguna constituida en ese período de tiempo y lo mismo sucede con el listado de asociaciones mutuales suspendidas, donde las más nuevas datan del 2018. En los padrones difundidos por el gobierno, muchas de las cooperativas conformadas en ese lapso aparecen como intimadas para ponerse en regla, pero no suspendidas.

En Rosario, el listado se conforma principalmente de cooperativas de trabajo, pero también de vivienda, de servicios y agropecuarias. En su mayoría figuran como cooperativas suspendidas por no realizar la Actualización Nacional de Datos (AND) ni presentar, o adeudar, documentación de asambleas y balances. Otras, como la cooperativa de trabajo de taxis “Mariano Moreno”, que se encuentra en actividad, figuran con balances y documentación presentadas, pero no cuenta con el Registro Legajo Multipropósito (RLM) que permite administrar los documentos respaldatorios de los diversos registros públicos en forma electrónica.

En el caso de las mutuales suspendidas, en su mayoría cuentan con documentación asamblearia y balances presentados, pero sin el trámite digital realizado para que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) inicie el legajo online. Si bien muchas quedarán caídas porque están fuera de funcionamiento, tanto las cooperativas como las mutuales que figuran en las resoluciones y anexos publicados por el gobierno nacional, y están activas, tienen entre 10 y 45 días hábiles para regularizar la situación.

Ante el anuncio del gobierno, desde la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic), comenzaron a pensar en cómo ayudar a las que se encuentran alcanzadas por esta situación. Para eso diseñaron un buscador que permite navegar en toda esa información, con solo ingresar la razón social, el CUIT o el número de matrícula de la organización. La federación reúne a unas 40 cooperativas de base tecnológica de todo el país, de las cuales cinco están radicadas en Rosario. En conjunto con la Asociación Civil Trabajando para la Economía Social (TES) pusieron manos a la obra.

“Observamos que había documentos inabordables, páginas y páginas de PDF, y documentos digitales donde se hacía muy difícil encontrar las entidades y qué significaba estar en uno u otro de los padrones que tipificaban los grupos de intimaciones, o suspensiones que hay”, explicó Manuel Leiva, presidente de Facttic. “La plataforma que desarrollamos permite ubicar a la mutual o cooperativa rápidamente y saber qué es lo que se tiene que rectificar y el plazo permitido para hacerlo”, agregó.

En concreto, los desarrolladores tomaron el listado de todas las cooperativas y comenzaron a tamizar la información. Con eso luego armaron una base de datos que posibilita el buscador y luego sumaron la información propia del INAES, que permitió generar los instructivos y pasos a seguir para cada cooperativa, ante una irregularidad. De ese cruce de información se pudo establecer que en la provincia de Santa Fe hay 1.210 cooperativas y mutuales alcanzadas por la decisión del gobierno (663 suspendidas y 547 intimadas), mientras que en Rosario son 257 las entidades suspendidas: 163 cooperativas y 94 mutuales.

“En el listado de Rosario hay cooperativas que son muy conocidas en la ciudad, o mutuales ligadas a entidades históricas”, evaluó Leiva. Y agregó: “Muchas de las que aparecen suspendidas tienen funcionamiento cotidiano, pero hay otras que no tienen actividad hace mucho. Lo que pudimos encontrar es que hay varias suspendidas por no tener completos algunos trámites que son menores, como un censo nacional que se lanzó en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. No completar esos datos no es una irregularidad porque es un requisito que se empezó a pedir ahora. Sería como una suspensión retroactiva sin justificación”.

En ese sentido, Leiva explicó que la suspensión implica una sanción para estas entidades porque impide su actividad económica e imposibilita el acceso a licitaciones, subsidios y programas de distinto tipo. El reclamo que empieza a gestarse por parte de distintas federaciones es que la sanción se está aplicando sin sumario administrativo. “Muchas entidades van a quedar suspendidas sin investigación, hay una suspensión de hecho. Por eso hay muchas mutuales y cooperativas, que tienen funcionamiento cotidiano, y que aparecen suspendidas”, explicó el titular de Facttic.

Desde el sector asociativo leyeron la decisión del gobierno como un ataque contra el sector y el modelo de trabajo cooperativo. “El gobierno parte de premisas que son falsas. Dicen que las cooperativas viven del Estado y no hay nada más alejado de eso”, sostuvo Leiva. “Hay muchas cooperativas, principalmente de trabajo, sobre las que busca sembrarse un manto de sospecha porque trabajan vinculadas a diferentes organismos del Estado. Pero en realidad son cooperativas que ganan licitaciones, o que son contratadas para que resuelvan ciertas cosas. En Rosario todo lo que es desmalezamiento, por ejemplo, en muchas zonas lo hacen cooperativas, y es una labor importante que debe ser bien remunerada”, añadió.

En ese marco, desde Facttic advierten que la depuración que busca llevar adelante el gobierno es, al menos, desprolija. “Decidieron cortar ancho. Pescaron con red para bajar matrículas y, si las cooperativas no reclaman, quedan suspendidas. Cuando lo correcto sería cumplir con las advertencias y, si hay un verdadero incumplimiento, acompañarlas en la regularización porque las cooperativas son blanqueo de trabajo”, remarcó Leiva.