El gobierno sigue ampliando el catálogo de medidas contra el paro que la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales convocaron para el próximo 24 de enero. Ahora, le tocó el turno al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lanzar la “advertencia” de que podrían declarar ilegal el paro y accionar legalmente contra quienes participen de la movilización. Su colega Patricia Bullrich no quiso quedarse atrás en la carrera y habilitó la línea 134 para recibir denuncias de supuestas “extorsiones” a empresarios, comerciantes o trabajadores independientes.

 “Es mi idea”, se sinceró Cúneo Libarona cuando el periodista Alejandro Fantino le consultó si podría iniciar acciones legales contra los sindicatos por parar contra el gobierno de Milei.

Según el ministro de Justicia, el tema se abordó el domingo en el Gabinete de La Libertad Avanza (LLA). “Es ilegal la huelga porque no hay fundamento”, dijo Cúneo Libarona, desconociendo que las centrales sindicales la convocaron contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que introduce una serie de cambios regresivos en materia laboral, habitacional y sanitaria. El panorama terminó de empeorar cuando Milei envió su proyecto de ley ómnibus, que está discutiéndose en Diputados y batiendo récords de rechazos.

Según la teoría del titular de la cartera de Justicia, la Secretaría de Trabajo podría convocar a las centrales obreras y declarar ilegal la medida. Después se podría, de acuerdo a Cúneo, demandar por "daños y perjuicios a quien promovió el paro ilegal". “Nosotros no vamos a vivir atrás de la extorsión. Frente a la extorsión vamos a ir a la justicia”, prometió.

Distintos expertos y expertas consultados por Página/12 rechazaron los dichos del ministro de Justicia. En general, coincidieron en que el gobierno de Milei está desconociendo el derecho a huelga y la libertad sindical.

“En primer lugar, no hay ninguna norma que autorice al Poder Ejecutivo a declarar la ilegalidad de las huelgas”, responde Pablo Topet, abogado de la CGT. “En el sistema de control y supervisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones no admiten que pueda ser una autoridad administrativa la que la declare (solo la judicial). Y, finalmente, por hacer una huelga no pueden demandar por daños ni perjuicios. La huelga supone un daño económico, no hay huelga sin daño. Claro que, si con motivo de la huelga hay daños a personas o bienes, habrá que individualizar quién fue el autor o la autora”.

Por su parte, Luis Campos, abogado y coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma, explica que la conciliación obligatoria no rige para paros generales. “La ley no lo aclara, pero no hace falta. La conciliación obligatoria aplica para conflictos sectoriales o de una empresa, no para una huelga general. ¿Quien sería la contraparte? ¿Todos los empleadores? En nuestro sistema no hablamos de huelgas ilegales. En todo caso puede haber situaciones que queden fuera del ejercicio del derecho de huelga y, en ese caso, originar sanciones por parte del empleador. Pero la huelga nunca puede ser ilegal”, resalta.

En paralelo, Bullrich comunicó oficialmente que lanzó la línea 134 para recibir denuncias contra el paro en un revival de lo que fue su estrategia contra la marcha del 20 de diciembre. “Los operadores que atienden esta línea telefónica gratuita fueron instruidos para recabar la mayor información posible y para darle seguridad a cada empresario, comerciante, trabajador independiente, transportista, empleado en relación de dependencia o beneficiario de un plan que se vea obligado a parar”, informó la ministra que viene siendo la punta de lanza contra las protestas.

El viernes, la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales –coordinados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-- denunciaron al gobierno de Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU porque Bullrich envió cartas documento para cobrar cifras millonarias a quienes participaron de la movilización del 27 de diciembre pasado, cuando se presentó el amparo de la CGT contra el DNU. En esa presentación, las organizaciones ya habían advertido que el Ministerio de Seguridad se arrogaba competencias que no tenía y consideraba las protestas como una actividad ilegal.

En esa misma línea, se pronunció el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien calificó como “político” al paro y dijo que se descontará el día a los trabajadores estatales que participen.