Presupuesto 2023: El FdT incorporó artículo para que el Poder Judicial pague ganancias

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Por María Cafferata
 
Llamadas frenéticas, apiñamientos con cara de circunstancias en los laterales, palmadas y cargadas de un bloque al otro cuando se avanzaba con alguna modificación: luego de un frenesí de negociaciones a contrarreloj, el Frente de Todos logró emitir dictamen del Presupuesto 2023 con el acompañamiento de bloques clave.

Si bien Juntos por el Cambio no terminó firmando el dictamen de mayoría del oficialismo, a la expectativa de continuar negociando algunos puntos más, sí se mostró conforme con los numerosos cambios que fueron siendo introducidos al proyecto original que presentó Sergio Massa y que se debatirá --y probablemente aprobará-- en el recinto el próximo martes. "No nos podemos quejar", repetían legisladores misioneros, riojanos, cordobeses, fueguinos --oficialistas y opositores-- que, en las últimas 48 horas, habían logrado inyectar más partidas al fondo compensador del transporte del interior y a nuevas obras en sus provincias, así como nuevos regímenes impositivos.

Una de las grandes sorpresas, sin embargo, fue la decisión de incluir en el Presupuesto un artículo que obligará a todes les empleades del Poder Judicial, jueces incluidos, a pagar el impuesto a las Ganancias, independientemente de la fecha de su nombramiento.

"Con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable", afirmó Marcelo Casaretto (FdT) cuando, en medio del debate en la reunión de comisión de Presupuesto, propuso incluir en el dictamen final la eliminación de la exención al impuesto a las Ganancias que existe para magistrados y trabajadores del Poder Judicial.

Esta modificación implica que todes les jueces, independientemente de cuándo hayan sido nombrados, tendrán que pagar el impuesto a las Ganancias como el resto de les funcionaries del Poder Ejecutivo y Legislativo. La propuesta, que generó el respaldo mayoritario de todos los bloques de la oposición, podría ahorrarle al Estado un costo fiscal de 0,16 puntos del PBI y que, especulan varios legisladores vinculados a organizaciones sociales, podría servir para financiar políticas destinadas a los sectores populares.

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