El secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, y la subsecretaria Legal y Técnica, explicaron los detalles de la iniciativa del Departamento Ejecutivo.

Más Por Prensa CD
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El secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, y la subsecretaria Legal y Técnica, explicaron los detalles de la iniciativa del Departamento Ejecutivo.

 En una reunión que se extendió durante casi 3 horas en el marco de la comisión de Gobierno, pero con la presencia de otros numerosos ediles, el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago y la subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti, detallaron a concejalas y ediles, los aspectos de la ordenanza remitida al Concejo que regula el Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones.

En el inicio del encuentro la presidenta de la comisión de Gobierno, Caren Tepp, recordó que junto al mensaje del Ejecutivo se encuentran  proyectos vinculados a la temática presentados por el edil Martín Rosúa, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, y Juan Monteverde, de Ciudad Futura, al igual que modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo propuestas por la edila Norma López, del Frente de Todos-PJ.

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De Zignago

Abrió las intervenciones el secretario de Gobierno, Zignago, quien destacó como el Estado municipal fue incorporado otras actividades, que “formaban parte de otros niveles del Estado”.

Aludió a la “violencia económica delictiva”  y destacó que en el ámbito del municipio “tenemos un recorrido”, con normativa sobre esta temática.

“Nos encontramos unos años después con la posibilidad de ampliar la norma”, acotó el titular de la cartera de Gobierno y dijo que “básicamente el concepto es aportar lo que tiene el Estado local de información certera, digitalizada y dejarla disponible para que agencias de control penal puedan hacer uso de la misma”.

Mencionó que uno de las premisas “es la ampliación de rubros” y acotó la intención de “genera una herramienta más”.

 De Conti

Posteriormente la subsecretaria Legal y Técnica, Conti, detalló pormenorizadamente cada aspecto de la norma propuesta y mencionó que al comenzar a trabajar en la reforma  se plantearon que “lo que había no era menor”.

En tal sentido hizo referencia a la adhesión expresada en el año 2012 por la Municipalidad de Rosario para suministrar información a la Unidad de Información Financiera (UIF), la adhesión voluntaria a la misma y por otra parte la ordenanza que estableció el Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones.

Sostuvo Conti que “fue un buen puntapié, pero había quedado desactualizado, respecto a rubros y montos”, por lo que una de las propuestas es que el monto “se actualice de manera automática”.

 Aludió a una reunión con una funcionaria judicial que trabaja en el tema lavado al igual que “con quienes trabajan en el día a día”. Como premisa planteó que “no queríamos excesiva burocracia”.

Resaltó la intención de poner “alertas, ordenadas y a disposición”, y lo plantea como “un sistema, no como un organismo separado”. Asimismo apuntó a “tres grandes partes: la información a recabar, el protocolo y qué hacer, que ello sea claro”.

“La idea es generar el alerta”, aseveró Conti, y consignó que “la idea fue ampliar” respecto a los rubros.

En tal sentido se incluye a personas humanas, jurídicas, fideicomisos y patrimonios de afectación y en cuanto a los rubros entre otros incluye a venta o alquiler de autos y motos, armerías, casas de juego, apuestas o casinos, playas de estacionamiento, hoteles, guarderías náuticas, al igual que licencias de taxis o remises, a partir de 2 o más.

Acerca del monto se lo planteó al que determina la necesidad de realizar una licitación pública, 3.688.000 pesos.

Insistió en el planteo de “un sistema transversal, porque vemos complejo una unidad especializada, sino multidisciplinaria, con mayor cantidad de ojos” y en última instancia una unidad de control con varios integrantes.concejo-1-SINAGO 
 
De los ediles

De la reunión participaron junto a la concejala Tepp, sus pares de bancada de Ciudad Futura, Juan Monteverde, Pedro Salinas y Jesica Pellegrini; Lisandro Cavatorta, Julia Eva Irigoitía y Marina Magnani, de Todos Hacemos Rosario; Nadia Amalevi y Fabrizio Fiatti, de Arriba Rosario, María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Martín Rosúa y Daniela León, de la UCR/Juntos por el Cambio; Alejandro Rosselló, de Unión Pro/Juntos por el Cambio; Verónica Irizar, del bloque Socialista, y Norma López, del  Frente de Todos-PJ.

La edila Gigliani, y en el mismo sentido lo hicieron todos los ediles y edilas que intervinieron agradeció la presencia de los funcionarios y recordó que en el 2016 había presentado un proyecto, que “dos veces entró en caducidad” para acotar que “se perdió mucho tiempo”.

Afirmó que la ordenanza “tiene que aggiornarse y modificarse lo antes posible”.

Mencionó que una de las cuestiones que no contemplaba la normativa vigente “es a los fideicomisos”, y también estimó que “el decreto reglamentario desnaturaliza la ordenanza, en algún punto la torna impracticable”.

Coincidió en que se tome como base el monto del llamado a licitación público respecto al que dijo que “es público” y destacó como “muy importante la incorporación de los alertas”.

 
 
Con respecto a algunas situaciones ocurridas en su momento resaltó que fue el Concejo el que dio los alertas en los casos de “Esperanto”, el Hotel Sheraton y el “Hard Rock Cafe”.

El concejal Rosselló por su parte dijo que “no se conoce la efectividad de una norma hasta su aplicación” y dijo acerca de la ordenanza en vigencia que no se conoce ello.

Sobre el proyecto del edil Rosúa, del que también es firmante, dijo que “hay diferencias muy importantes” y sobre el mismo dijo que “la diferencia sustancial es el cruce de datos” que se plantea para indicar que en la iniciativa se propicia “crear una agencia especializada que cruce datos”.

Por su parte la concejala López hizo referencia a la incorporación de los fideicomisos y preguntó acerca de los “controles que nosotros podemos hacer con empresas radicadas en el exterior y que no tributen nada”, para aludir a “franquicias”.

El concejal Rosúa dijo que su proyecto planteaba trabajar sobre el cruce de datos, previo, y cuestionó a la iniciativa del Ejecutivo en cuanto a que “no crea un área especial con expertos, con abogados, contadores, con analistas de datos”.

 El edil Monteverde dijo que “coincido casi totalmente con Rosúa” y consideró que “es un debate estratégico para el corto plazo”. Sostuvo la necesidad de “crear un área específica”, y sostuvo que “es muy importante, son fundamentales, los alertas”.

Estimó que “es un desafío enorme” para agregar que “si cortamos el lavado, cortamos la violencia”.

La edila Irizar recordó la adhesión voluntaria a la UIF en el 2012 y planteó que el propio municipio tiene áreas a partir de las cuales se pueden analizar datos como Catastro, la patente, y también memoró que en su momento en el ámbito del Ejecutivo se había creado un área de delitos económicos.

El concejal Cavatorta consideró que “es indudable que en esta dirección estamos todos de acuerdo” y afirmó que “si vamos a hacer algo hagámoslo bien y para que suceda”.

 En los tramos finales la concejala Irigoitía marcó la “voluntad de avanzar”, aludió a la importancia de la capacitación para trabajar en la temática.

Por su parte el secretario de Gobierno advirtió que hay cuestiones en las que el Ejecutivo no puede avanzar, porque violaría la ley de seguridad interior.

Se acordó que en la próxima reunión de la comisión los concejales autores de proyectos sobre el tema los expondrán y también se invitó a la subsecretaria Legal y Técnica a participar de todos los encuentros, de manera similar a la discusión del Código de Convivencia.

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