Desde la Casa Rosada, enfurecidos, dicen que no van a respetar la voluntad del Congreso porque no tienen plata para pagar lo que implicaría la ley y adelantan que la van a judicializar. "La ley de Administración Financiera, en su artículo 38, dice que cuando planteás un gasto en una ley tenés que decir de dónde va a salir la plata y eso no está precisado", intentan justificar. Mientras los funcionarios del círculo íntimo de Milei analizaban cómo seguir, el mandatario y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, participaron de un evento musical en la Casa Rosada organizado por Casa Militar, al que se sumó Pablo Boggiano, con la actuación de la Orquesta Filarmónica del Ejército y la Fanfarria Alto Perú de Granaderos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue uno de los que salió a hablar: "después del veto que dictó el presidente con una fundamentación de casi 30 páginas, ir al recinto sin un dictamen de comisión, me parece poco serio", comenzó y dijo que "claramente la mayoría circunstancial de diputados pretenden una sanción absolutamente política en virtud de las elecciones que se aproximan". Además, añadió que "si tienen la irresponsabilidad de tratar esto sin un análisis serio de lo que estableció como fundamento de su veto el presidente, allá ellos, tendrán que enfrentarse después a la realidad".

El jefe de los ministros añadió que "son todos temas que demandan gastos. Si vamos a ser absolutamente legalistas, deberían estar incluidos en el presupuesto porque quien administra los fondos públicos es el Poder Ejecutivo. No puede el Poder Legislativo decirle al Ejecutivo ´che, gastá esto´. Con lo cual, como dijimos, los fundamentos del Congreso exceden sus funciones al tratar esto". Lo que no aclaró Francos es que el Poder Ejecutivo no mandó el Presupuesto 2025 al Congreso para que los legisladores puedan tratarlo. 

Por último añadió: "Más allá de eso, no tenemos recursos, con lo cual claramente no nos pueden hacer cumplir, salvo que nos digan 'emitan dinero', y no lo vamos a aceptar, porque es una política central de este gobierno no emitir y no tener déficit". Francos dijo que el gobierno no es "cruel", sino que para él "la crueldad se mide en términos de cómo afecta a la gran parte de la población", entre la que no estarían contempladas, por ejemplo, las personas que tienen alguna discapacidad. 

Las excusas legales
Desde la Casa Rosada citan el artículo 38 de la Ley de Administración financiera que dice que: "Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento". Y agregan: "Cuando afectás o planteás un gasto en una ley tenés que decir de dónde va a salir esa plata y eso no está precisado en la ley, por lo tanto, puede ser judicializado". Cuando se les consulta cómo pretende el Ejecutivo que el Legislativo sepa de dónde sacar los fondos si no hay presupuesto responden: "Es cierto, no hay presupuesto, pero con ese criterio podés aumentarle a los jubilados 5 millones y que el gobierno lo saque de dónde pueda. No funciona así la ley, ni la economía".

 Milei ya había anticipado durante un discurso en la Bolsa de Comercio, luego de la aprobación de las leyes a principio de julio, que si el Congreso decidía avanzar y rechazar los vetos, él iba a judicializar las normas. “Supongamos que me rechazan el veto, yo lo voy a judicializar. No va a tener efecto en el gasto público ni en la cantidad de dinero", había expresado. 

El vocero presidencial Manuel Adorni, antes de que el veto sea rechazado, había esbozado una especie de "respuesta" a la situación crítica de las personas con discapacidad. Escribió en sus redes que el Gobierno “está considerando” un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. (ver aparte). Sin embargo, desde el gobierno repiten como un mantra que "no está la plata para pagar".