Con 138 votos en contra, 65 a favor y 2 abstenciones. La decisión representó un fuerte revés para el Gobierno de Javier Milei, ya que la norma formaba parte de su estrategia para reducir el tamaño del Estado y reorganizar áreas clave del sistema de transporte. Ahora el Senado deberá cumplir el mismo trámite, y de ser así, los mismos perderán validez.

Uno de los puntos más polémicos del decreto era la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), un organismo con más de seis décadas de historia en la gestión de rutas y obras viales.

El Gobierno justificaba la medida al afirmar que la estructura de Vialidad no respondía a las necesidades actuales de gestión, señalando elevados costos operativos y una supuesta falta de eficiencia. En particular, mencionaba una "desproporción" entre personal administrativo y operativo, además de destacar un mejor desempeño en los tramos concesionados a privados.

Eliminación de la Agencia de Seguridad Vial
El DNU también establecía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El argumento principal era la reducción del gasto público, fundamentado en que la Gendarmería Nacional ya cuenta con capacidad operativa para controlar el tránsito en rutas nacionales.