“Por Dios, senadores y diputados, bajen a la Tierra”, reclama la reconocida actriz Valentina Bassi, madre de Lisandro, un chico con trastorno del espectro autista. Su voz suena como un grito el desierto para exigir al Congreso que rechace el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad aprobada a comienzos de julio que establecía actualizaciones automáticas para aranceles y prestadores del sector, golpeado por las políticas de ajuste.

Como Bassi, cientos de personas con discapacidad, familiares y prestadores se movilizaron este martes al Congreso para exigir un rechazo al veto a la ley de Emergencia en Discapacidad que dispuso esta semana el presidente Javier Milei, bajo el argumento de que la aplicación de la norma afectaría los objetivos de reducción del déficit fiscal: según estimaciones oficiales, costaría unos $2 billones en 2025 y $4,7 billones en 2026.

Durante la movilización del martes —“la marcha más fuerte de todas a las que fuimos”, según recuerda Bassi en diálogo con Víctor Hugo en la 750— los manifestantes fueron reprimidos por la Gendarmería Nacional, que despejó a los empujones a quienes se manifestaban de forma pacífica en inmediaciones de la Plaza del Congreso.

“Estábamos muy conmovidos todos. Nos preguntábamos si eran capaces de reprimir, porque había niños con síndrome de Down, adolescentes con autismo, personas en sillas de ruedas”, afirma la actriz, que consideró la agresión como un nuevo punto de quiebre: “No esperábamos semejante desplieuge” de fuerzas policiales. “Los que podíamos, empujamos los escudos hasta que se replegaron y se fueron”, relata.

El futuro de la ley de Emergencia en Discapacidad
El colectivo que exige la aplicación de la ley aprobada por el Congreso tiene esperanza en que el Parlamento rechace el veto dispuesto por Milei el lunes 4 de agosto.

Sin embargo, se mantienen a la expectativa de lo que pueda suceder y siguiendo de cerca las negociaciones entre el oficialismo y algunos bloques aliados que podrían torcer la votación a favor del Gobierno, como ocurrió en 2024 con la ley de financiamiento educativo y la de movilidad jubilatoria. En aquella ocasión, el Congreso no logró la mayoría necesaria para rechazar el veto. Para eso, la oposición debería contar con una mayoría agravada, es decir, dos tercios de los presentes.