El Gobierno nacional convirtió este miércoles la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en el Registro Nacional de Armas (RENAR), el cual dejará de ser autárquico y pasará a depender directamente del Ministerio de Seguridad. El Decreto 445/2025, que llevó las firmas de Javier Milei y Patricia Bullrich, plantea una nueva desregulación en el mercado de las armas.

Por decreto: el Gobierno flexibilizó la tenencia de armas semiautomáticas para civiles
En los considerandos, las autoridades destacaron que este cambio es posible gracias a las facultades extraordinarias que el Congreso aprobó al sancionar la Ley Bases. De esta manera, el Gobierno eliminó el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA) creado en octubre de 2015 y regulado por la Ley Nº 27.192.

¿Qué cambia con el Decreto 445/2025?
En primer término se dispuso la transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en el Registro Nacional de Armas (RENAR). Este organismo dejará de ser autárquico, por lo que pierde independencia económica y jurídica, y pasará a depender directamente del Ministerio de Seguridad. Es así que la cartera dirigida por Patricia Bullrich se hará cargo de los créditos presupuestarios, recursos financieros, bienes, compromisos y obligaciones de la exANMaC.

El Decreto establece varios cambios con respecto a la Ley Nº 27192 sancionada en octubre de 2015, sobre el final del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. 

Al mismo tiempo, deroga artículos que contemplaban el desarrollo de políticas para reducir la circulación de armas entre civiles, prevenir la violencia, las campañas de concientización sobre desarme y la promoción de la no violencia y la organización de cursos para formación de funcionarios, organizaciones civiles y universidades, entre otros. Puntualmente, fueron eliminadas las siguientes potestades:

ANMaC, en su carácter autárquico, tenía la facultad de crear delegaciones en todo el país. Eso se pierde al pasar a depender directamente del Ministerio de Seguridad.
Se derogan los artículos que exigían el desarrollo de políticas para reducir la circulación de armas entre civiles y prevenir la violencia armada, incluidas las campañas de comunicación como los de concientización y sensibilización sobre desarme y control de armas, promoviendo la cultura de la no violencia.
También se derogan las políticas para la rápida destrucción de materiales controlados (entregados, secuestrados, incautados o decomisados) y de colaboración para la investigación y persecución penal de delitos relacionados con armas de fuego.

La realización de relevamientos estadísticos periódicos, investigaciones sobre el mercado de armas y el intercambio de información con organismos internacionales.
La realización de programas de investigación sobre el mercado de armas y sus consecuencias.
La prohibición del uso de recursos del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada para financiar gastos con fines distintos a los detallados previamente.
Con este decreto, la regulación de las armas pasará a la órbita del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, la misma que desde hace años llama a que “quien quiera estar armado, esté armado”. 

Las desregulaciones al mercado de las armas en el Gobierno de Milei
Previamente, en diciembre 2024, el Gobierno modificó la ley nacional 20.429 de armas y explosivos y bajó la edad mínima para ser legítimo usuario de armas de 21 a 18 años. Siguen vigentes son los otros dos requisitos: "No presentar anormalidades psíquicas o físicas que incapaciten al peticionante" y la "acreditación de identidad, domicilio real y medios de vida lícitos".

En mayo de este año, la ANMaC flexibilizó un requisito que debían cumplir los fabricantes y comerciantes de armas y municiones. La Resolución 49/2025 establece que ya no será necesario contar con la habilitación municipal como requisito previo para conseguir la habilitación, rehabilitación, inscripción o reinscripción, por parte de la ANMaC, de instalaciones comerciales e industriales. Algunos de los rubros alcanzados por esta normativa son: usuarios comerciales, distribuidores mayoristas, usuarios comerciales minoristas, talleres de reparación de armas y fábricas de armas de diferentes tipos.

El decreto gubernamental incluye a fábricas de municiones, componentes de munición, elementos de recarga de municiones y recarga comercial de municiones, talleres de reparación y de armado de materiales para vehículos blindados, plantas de destrucción de materiales de usos especiales y depósito de armas y/o municiones y entidades de tiro con instalaciones propias.

A mediados de junio, se flexibilizó la adquisición y la tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon --simil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto --. En el decreto en cuestión se argumenta que el circulante previo al dictado del Decreto 64/95, el cual restringió la tenencia de este tipo de armamento, no se puede transferir y como "muchos de sus usuarios originales han fallecido" se "han facilitado las condiciones de irregularidad en las que se encuentran sus sucesores".

Por último, a finales de junio, se oficializó la eliminación de una tasa anual obligatoria y la extensión a cinco años de la vigencia de inscripciones para fabricantes, armerías y usuarios comerciales de armas. La Resolución 77/2025 apunta a “simplificar trámites y reducir burocracia”, aunque en los hechos habilita a que más armas circulen con menos controles.

El cambio permite que fabricantes de armas, talleres, recargadores de munición y legítimos usuarios comerciales operen durante cinco años sin necesidad de renovar permisos. Además, se eliminó el pago anual obligatorio para armerías, entidades de tiro, cazadores y usuarios colectivos. Solo deberán informar cambios administrativos si ocurren. Los importadores y transportistas quedaron afuera de esta flexibilización porque su actividad sigue regulada por el Decreto 395/75.