La organización Inquilinos Agrupados presentó hoy una acción de nulidad y una cautelar para que se suspendan los efectos del DNU del gobierno nacional que deroga la Ley de Alquileres, con lo que las condiciones para los contratos de locación quedan liberadas al acuerdo entre partes.

El DNU 70/2023 deroga la Ley de Alquileres de 2020 -que ya había sido reemplazada por una nueva norma en octubre de 2023- regulaba el mercado de alquileres con condiciones para los contratos: duración de tres años y una actualización semestral calculada por la fórmula Hogar, la misma que se utiliza para los créditos Procrear.

Además de derogar la ley, el decreto introduce cambios en el Código Civil y, como resultado, establece que a partir de ahora el plazo de los contratos de alquiler de viviendas es acordado por las partes sin un mínimo legal (y, si no se especifica el plazo en el contrato, será de dos años).

Las partes pueden pactar libremente el ajuste del valor de los alquileres utilizando cualquier índice, público o privado, en la misma moneda del contrato y para la periodicidad de ajustes se otorga libertad, eliminando el mínimo semestral previo.

Los contratos pueden realizarse en pesos o en moneda extranjera, y el inquilino no puede exigir el pago en una moneda diferente a la acordada en el contrato.