El fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, Domingo Rondina, indicó que el gobierno de Maximiliano Pullaro está analizando situaciones irregulares en la planta de personal del Estado provincial.

 “La nueva gestión tiene que controlar un montón de casos que están siendo denunciados de arribismo”, dijo Rondina, jefe de los abogados del Poder Ejecutivo, este martes en contacto con Radio Dos.

Entre los mecanismos que Rondina mencionó se encuentra “la liana”: personas que pasaban de la función política a la planta permanente como si hubieran sido empleados.

 “Hay falsificaciones, se consignaba personas que trabajaban y nunca habían trabajado. Se va a revisar que no haya avivadas, acomodos, trampas, porque ese es el norte que ha marcado la gestión de Pullaro, una gestión que pretende ser de austeridad y eficiencia”, remarcó.

 A nivel nacional, el gobierno de Javier Milei encara un ajuste todavía más drástico de la planta estatal. Este martes, el Poder Ejecutivo determinó que las contrataciones de personal en el sector público “iniciadas a partir del 1 de enero de 2023 no serán renovadas”. La medida, estiman los sindicatos del sector, afectan a 7.000 personas.

 Además, la medida de Milei contempla la apertura de la etapa de evaluación de todas las estructuras del gobierno, por los próximos 90 días. En ese lapso se definirán qué puestos se mantendrán y cuáles no. Una situación que abriría una nueva etapa de recortes en el sector público.

 En Santa Fe, Rondina buscó llevar tranquilidad a los empleados públicos que sí cumplen con sus labores.

 «No está en riesgo el trabajo de las personas que verdaderamente trabajan en la administración: el enfermero, el médico, el maestro, el policía, que realmente cumplen su función. No se van a afectar los derechos del laburante de verdad», aseguró.

 Consultado sobre el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que Milei pretende desregular prácticamente toda la economía argentina, Rondina, que también es abogado constitucionalista, señaló que «no es lo ideal».

«La Constitución primero dice que está prohibido que el Presidente dicte actos materiales de ley y que solo en casos excepcionales de necesidad y urgencia, que deben ser probados, puede usarse esa herramienta», argumentó.

 «Lamentablemente, en Argentina todos los gobiernos han abusado de esa herramienta y el sistema que el kirchnerismo implementó para la convalidación de los DNU es un sistema muy laxo, que permite que cualquier DNU sea fácilmente validado», indicó.

 En este sentido, Rondina contrastó con lo que sucede en Santa Fe, donde la Constitución provincial no contempla este tipo de instrumentos. «Nuestra tan criticada Constitución provincial no permite que el gobernador dicte este tipo de instrumentos y sin embargo la provincia funciona», sostuvo.