Un juez federal declaró nulo el protocolo antipiquetes que el gobierno usó durante meses para golpear jubilados, disolver protestas y convertir el reclamo social en una escena de guerra cotidiana. Martín Cormick fue claro: el Poder Ejecutivo se excedió. Bajo la excusa de “dar instrucciones”, legisló. Avanzó donde no le corresponde.

Ese protocolo nació en diciembre de 2023, como una de las primeras marcas del gobierno de Milei. Habilitó a las fuerzas federales a intervenir sin orden judicial, a tratar la protesta como delito automático, a identificar manifestantes, a liberar calles a cualquier costo y hasta a pasarle la factura del operativo a quienes se organizan para reclamar. No fue un error. Fue un diseño.

El resultado fue previsible. Más represión. Más heridos. Más detenciones. Miles de personas lesionadas por el uso desproporcionado de la fuerza. Cada miércoles, cuerpos viejos recibiendo palos nuevos. El Estado mostrando músculo donde debería mostrar derechos.

Ahora el gobierno anuncia que va a apelar. Dice que sin protocolo hay caos. Que el orden depende de una resolución administrativa. Que la paz se sostiene con uniformes y gas. Que cuestionar esta herramienta es “vieja política”.
Pero el fallo dejó algo al descubierto: el orden que defienden no era legal, era impuesto. Y cuando el orden necesita pegar para existir, no es orden.

El protocolo no cayó por ideología. Cayó porque no era legal. Y eso es lo que más les molesta.