Por Rosario Bigozzi 

¿Reestructuración o desplazamiento? Ese es el dilema que parece enfrentar a los jueces de la Corte Suprema, quienes esta última semana sacaron la acordada 11/23, dividiendo en dos la Secretaría General de Administración, y separando de su cargo a un funcionario protegido por Ricardo Lorenzetti. Se trata de Héctor Daniel Marchi, un contador santafesino que llegó hace más de 15 años a las oficinas del Máximo Tribunal.
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El propio Lorenzetti blanqueó en el desarrollo de su voto en disidencia cuáles fueron las razones de su pelea con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Los acusó de “sancionar a un funcionario por los informes que ha presentado el día 19 de abril (...) en relación a la Obra Social. Es un mensaje contrario a los principios que debe defender esta Corte, que es el respeto de la legalidad y la transparencia”.
No obstante, la mayoría -integrada por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda- justificó los cambios como parte de “un importante proceso de modernización y reorganización de distintas dependencias del Poder Judicial de la Nación, con el propósito de afianzar y mejorar el servicio de justicia a través de una mayor transparencia en la gestión administrativa y nuevas políticas institucionales”.

Tras el escándalo, el viernes pasado llegó a la Corte una citación de la Cámara de Diputados, que para algunas fuentes consultadas por A24.com fue “una llamativa coincidencia”: la Comisión de Juicio Político convocó para el martes 25 de abril a Héctor Marchi, en relación al expediente que investiga presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial (OSPJN). El nombre de Marchi estaba incluido en la lista de testigos desde el inicio del proceso, pero se suponía que debería declarar más adelante.

Asimismo, también deberá presentarse a testificar ante los diputados el ex Director de OSPJN, Aldo Tonón, quien habia pedido una eximición ya que es sospechoso en una causa penal, y si comparece podría violar la garantía Constitucional de no tener que declarar contra si mismo. Desde la Comisión le dijeron que debe cumplir con la carga pública de presentarse, y que si entiende que al responder alguna pregunta puede autoincriminarse, está facultado a no contestar.

Otros citados son Gustavo Montanini (Docente UBA), Dr. Sebastian Clerici (Secretario letrado CSJN), Dr. Enrique de Vedia (Prosecretario letrado CSJN), Dr. Enzo Canónaco (Médico Legista), Valeria Díaz (Afiliada OSPJN), Laura Ambrosio (Afiliada OSPJN).

El verdadero motivo de la discordia entre los jueces de la Corte

Según fuentes judiciales, el 29 de marzo pasado se abrió el expediente administrativo 1820/2023, con el proyecto de reorganización de la Secretaría General de Administración, en ese momento a cargo de Héctor Marchi.

Ese mismo día, los jueces manifestaron su opinión. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron a favor, y Ricardo Lorenzetti adelantó su disidencia. Puertas adentro había quedado claro que se venían los cambios, sólo restaba que se cumplieran los 20 días habituales para escribir los votos.

Cumplido el plazo, discusiones de por medio, el jueves 20 de abril se publicó la acordada 11/23 que con 3 votos contra 1 dispuso la división de la Secretaría General de Administración en Secretaria de Administración, a cargo de Damián Font, y, la Secretaria Jurídica General, que queda provisoriamente en manos de Sebastián Clérici. Tiene órbita sobre la Dirección de Sumarios, la Dirección de Asuntos Contenciosos, la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Mesa General de Entradas y la Dirección de Despacho.

Además, le concedió ser autoridad de aplicación de las declaraciones juradas patrimoniales de los magistrados de la Corte Suprema, y la Dirección de Recursos Humanos.

En tanto, creó la Dirección General de Control Interno y Auditoría, bajo dependencia directa de la Corte.

Por estas medidas , ordenó el traslado de Marchi a la Cámara de Seguridad Social, una decisión por la que expuso su rechazo al Tribunal. 

El juez Ricardo Lorenzetti no escondió su malestar por la determinación de sus colegas, y citando un voto de la Corte Suprema de Estados Unidos expresó "con tristeza por esta Corte", para ilustrar lo que calificó como una “grave” sanción a Héctor Marchi, por sus informes en relación a la Obra Social el Poder Judicial. Sostuvo que "la razón del desplazamiento es una sanción por un informe sobre la OSPJN que no parece gustar”.

Instó al Tribunal a “mantener la coherencia de las decisiones y no ponerse en contradicción con los propios actos.”

A su vez, Lorenzetti relacionó la disposición de sus pares con la recusación que planteó Marchi contra los 4 jueces del Alto Tribunal en una causa pendiente de resolución, que el funcionario mantiene contra Elisa Carrio, a quien acusa de plantarle una falsa denuncia por enriquecimiento ilícito.

Esa recusación, Marchi la presentó 24 horas después de que los jueces habían discutido removerlo, es decir, el 30 de marzo. El 31 lo rechazaron con la disidencia de Lorenzetti, y por eso les imputa haber alterado las reglas del proceso, debido a que no se habían resuelto otras recusaciones presentadas dos años antes.

Por otro lado, se quejó por la designación de un “secretario civil sin experiencia en administración, desplazando a un funcionario que ha ejercido la función por 15 años” ( por Marchi).

Indicó que “se pone en riesgo toda la tarea administrativa de la Corte”, lo que involucra vehículos, contrataciones, presupuesto, fondos anticíclicos por más de $30.000 millones de pesos.

¿Quién es Héctor Daniel Marchi?
Hasta la acordada 11/23, el administrador general de la Corte Suprema era Héctor Daniel Marchi, un hombre ligado a Ricardo Lorenzetti, quien lo protegió sin displicencias ante sus pares.

El miércoles pasado, el día previo a que se publique la acordada, Marchi le presentó al presidente del Tribunal, Horacio Rosatti, un informe de unas 18 mil fojas, donde se describen las presuntas irregularidades detectadas en el funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial. Precisamente esta es una de las razones del juicio político contra los 4 cortesanos.

La Comisión de Juicio Político lo convocó como testigo, con la expectativa de que ofrezca información que revele las presuntas responsabilidades del Tribunal en los problemas de la mutual, que tenía delegada supervisar el juez Maqueda. En los pasillos de la Corte algunos creen que nada es casual, y huelen la embestida de Lorenzetti como un posible salvoconducto en el proceso que se lleva adelante en la Cámara de Diputados.

Hector Marchi hizo carrera en la Corte Suprema de la mano de Lorenzetti. Ambos son de Rafaela, Santa Fe. Ocupó la Secretaría de Hacienda en la Municipalidad de Rafaela, y fue ministro de Hacienda del gobernador Jorge Obeid.

La justicia cerró por inexistencia de delito una causa que le inició Elisa Carrio por supuesto enriquecimiento ilícito, al mismo tiempo que pedía el juicio político contra Lorenzetti.

Luego Marchi inició una contra demanda por falsa denuncia contra Carrió. Ese expediente llegó a la instancia de la Corte Suprema, y Marchi recusó a todos sus integrantes.