El gobierno le perdona deuda a las distribuidoras de energía mientras habilita nuevos tarifazos

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Por Camila García

El gobierno autorizó una nueva audiencia pública para tratar nuevos aumentos.
El gobierno le perdonó a las distribuidoras de luz $62.000 millones de los casi $500.000 millones adeudados a Cammesa (la administradora mayorista estatal del sistema eléctrico). La deuda se generó porque estas empresas no pagan el total de la energía que consumen desde 2020 con la excusa de que no pueden afrontar el pago porque las tarifas se encuentran retrasadas, una extorsión. En tanto, en el marco del ajuste fiscal, el FMI exigió encontrarle una solución al problema para que ingrese la plata a las arcas del Estado.

La subsecretaría de Energía anunció el viernes que llegó a un entendimiento con 11 distribuidoras y 5 cooperativas, para regularizar $210.000 millones que estaban pendientes de cobro. Edesur debía, al 31 de agosto, más de $ 66.000 millones. De ese total, refinanciará $ 47.000 millones, el resto (19.000 millones) corresponde a una “compensación”, es decir una condonación, lo que hará que la empresa no tenga que pagar esa parte. Edenor poseía una deuda de $ 57.000 millones. Pagará $ 33.000 millones. Unos 24.000 millones entraron como “compensación”.

Cabe destacar que esta última distribuidora cambió de accionista mayoritario, dejó de ser de Pampa, para estar en manos de un grupo controlado por José Luis Manzano y Daniel Vila, ambos son amigos del ministro de Economía, Sergio Massa, que también son dueños de la mendocina Edemsa, la cual también obtuvo también un tercio de compensaciones. Los políticos capitalistas defienden los intereses de su propia clase social, parasitaria del Estado.

En tanto, Entel puso a la venta los activos de Edesur en Argentina y en varios países de latinoamérica, es decir se desprenderá de la distribuidora y cederá sus operaciones alegando que los precios de las tarifas no se condicen con los altos precios internacionales de la energía. En la Argentina, la italiana también es propietaria de centrales térmicas a gas, como Costanera y Dock Sud, y de la hidroeléctrica El Chocón. Además, posee las líneas de transmisión CTM y Tesa, que conectan los sistemas de energía eléctrica del noreste argentino con Brasil, y Yacylec, transportadora de la energía de Yacyretá. Es decir, un pulpo energético que continuará pugnando por mayores beneficios a sabiendas de que cuenta con la propiedad de la mayor parte de la producción.

Estas empresas han demostrado la total desinversión que recae sobre el sistema eléctrico del país, incluso a pesar de que el Estado les haya concedido los aumentos de tarifas que reclamaban. De esto pudo dar cuenta el apagón del 1 de enero, que dejó a 400 mil usuarios sin luz, o el corte del suministro durante el fin de semana largo de diciembre que dejó a a más de 500 mil usuarios del Amba sin servicio. Asimismo, también es conocido el reclamo salarial y de condiciones de trabajo por parte de quienes trabajan en estas distribuidoras, lo que da cuenta que además de no invertir la empresa busca abaratar los costos de la mano de obra constantemente para acrecentar sus dividendos.

Sin embargo, además de condonarle las deudas, el gobierno autorizó una nueva audiencia pública para las semanas próximas en las que se tratará un nuevo aumento de tarifas, puesto que las distribuidoras argumentan que estas se encuentran un 300% atrasadas y amenazan con nuevos cortes. Es decir, buscan preservar sus márgenes de ganancia a costa de mayores tarifazos que golpearán aún más el bolsillo de las familias trabajadoras, y que sean estas quienes terminen pagando la deuda con el Estado.

El suministro eléctrico no puede estar en manos de estas patronales parasitarias que viven del Estado, y el peronismo ha fracasado en resolver las necesidades básicas de la población, como es la energía. Es necesario poner en pie un nuevo movimiento popular que enarbole las banderas del socialismo, porque la solución requiere la apertura de los libros de las empresas del sector a trabajadores y usuarios, la intervención de toda la cadena energética y un plan de inversión y refacción de todo el sistema de distribución energético. Esto es algo que los políticos capitalistas no harán porque sería contrario a los intereses de su propia clase social, antagónicos totalmente a las demandas del pueblo trabajador.

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