Para blanquear lo robado: la Ley de Inocencia Fiscal suma funcionario, periodistas y dirigentes entre sus adherentes

La ley de Inocencia Fiscal, una de las apuestas tributarias más ambiciosas del gobierno de Javier Milei, comenzó a mostrar un efecto inesperado. A medida que se conocen nuevas adhesiones al régimen simplificado de Ganancias, la lista empieza a poblarse de funcionarios nacionales, legisladores, periodistas y dirigentes con fuerte presencia pública. Pero entre todos los nombres hay uno que sobresale por encima del resto: Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo encargado de recaudar impuestos, fiscalizar contribuyentes y administrar el mismo sistema al que decidió incorporarse.

La revelación generó ruido político dentro y fuera del oficialismo. No porque exista una irregularidad en la adhesión —el régimen fue creado precisamente para que los contribuyentes puedan utilizarlo— sino porque el nombre de Vázquez agrega una dimensión distinta a la discusión. Se trata del funcionario que encabeza el organismo responsable de controlar el cumplimiento tributario en la Argentina y que ahora aparece entre quienes optaron por acogerse a una de las herramientas más defendidas por la Casa Rosada.
La polémica se produce en momentos en que el gobierno busca consolidar el relato de la normalización económica y de la simplificación del sistema fiscal. Sin embargo, la sucesión de adhesiones de figuras públicas volvió a instalar interrogantes sobre una norma que desde su presentación estuvo rodeada de debate político.

Los registros oficiales conocidos durante los últimos días muestran que Vázquez no está solo. La nómina incluye también al vocero presidencial Manuel Adorni y a su esposa Bettina Angeletti; al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; al exdirector de ARCA, Juan Pazo; al senador libertario Bertie Benegas Lynch; al economista Agustín Monteverde; al asesor económico Felipe Núñez; al realizador audiovisual Santiago Oría; y al exdiputado José Luis Espert, desvinculado del armado libertario por sus vínculos con el narcotráfico.

La aparición de estos nombres alimentó cuestionamientos de la oposición y abrió una discusión incómoda para el oficialismo. Muchos de los adherentes no sólo forman parte del universo político libertario, sino que además respaldaron públicamente la iniciativa desde su lanzamiento y defendieron sus beneficios durante el debate legislativo.

Entre todas las adhesiones conocidas hasta ahora, la de Andrés Vázquez es probablemente la que mayor impacto político genera. ARCA no es un organismo secundario dentro de la estructura estatal. Se trata de la entidad encargada de recaudar, fiscalizar, controlar y aplicar las políticas tributarias definidas por el gobierno nacional.

Por esa razón, el hecho de que su máxima autoridad figure entre los adherentes al régimen simplificado adquiere una dimensión distinta. No se trata simplemente de otro contribuyente que utiliza una herramienta prevista por la ley. Se trata del hombre que dirige el organismo que administra esa herramienta.
En ámbitos tributarios consultados por distintos medios coinciden en que no existe incompatibilidad legal alguna. Sin embargo, reconocen que el dato tiene una fuerte carga política. La imagen del jefe del ente recaudador incorporándose a un régimen que todavía genera controversias públicas inevitablemente alimenta preguntas sobre el alcance real de la iniciativa.

La situación se vuelve aún más llamativa porque también aparece entre los adherentes Juan Pazo, antecesor de Vázquez al frente del organismo. Es decir, tanto el actual titular como quien ocupó anteriormente la conducción de ARCA decidieron acogerse al mismo esquema fiscal promovido por la administración libertaria.

Del círculo libertario a los medios
La controversia tomó mayor volumen cuando comenzaron a conocerse adhesiones fuera del ámbito estrictamente gubernamental. Entre las constancias oficiales difundidas durante las últimas horas aparecen los periodistas Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y Luis Gasulla, además del exdiputado nacional Fernando Iglesias, actualmente ocupando el rol de embajador de la República Argentina ante la Unión Europea y Bélgica.

La incorporación de figuras mediáticas agregó un componente adicional al debate. No porque exista cuestionamiento legal alguno sobre su decisión, sino porque se trata de voces con fuerte influencia en la discusión pública y que, en algunos casos, respaldaron abiertamente las políticas impulsadas por el gobierno.

Los documentos emitidos por ARCA acreditan la adhesión al régimen simplificado previsto por la ley 27.799, aunque no contienen información patrimonial ni detalles sobre las razones particulares que motivaron cada incorporación. Esa información permanece protegida por el secreto fiscal.

Precisamente allí aparece una de las principales limitaciones para comprender el fenómeno. La sociedad puede conocer quiénes ingresaron al régimen, pero no cuáles fueron los motivos concretos que llevaron a cada contribuyente a hacerlo. Esa falta de información es la que alimenta interpretaciones y especulaciones de todo tipo.

Una ley que vuelve al centro de la escena
Cuando el gobierno de Milei impulsó la denominada ley de Inocencia Fiscal, la presentó como una herramienta destinada a terminar con años de burocracia tributaria y excesiva presión estatal. La promesa era construir un sistema más simple, más previsible y menos hostil para los contribuyentes.

Desde la Casa Rosada sostienen que el régimen simplificado apunta justamente a ese objetivo. Según la visión oficial, se trata de una alternativa que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales y permite ordenar situaciones tributarias dentro de un marco legal y transparente.

Sin embargo, la acumulación de nombres conocidos entre los adherentes terminó otorgándole a la norma una dimensión política que excede el debate técnico. Cada nueva incorporación reactiva una discusión que el gobierno creía saldada y vuelve a colocar la lupa sobre una de sus reformas más emblemáticas.

Por ahora, las certezas son pocas. Lo que sí muestran los registros oficiales es que funcionarios, dirigentes y periodistas decidieron acogerse a una herramienta que el propio gobierno promovió como un cambio profundo en la relación entre los contribuyentes y el Estado. Y entre todos ellos, hay un nombre que sigue concentrando la atención: Andrés Vázquez, el hombre que dirige ARCA y que también decidió formar parte del régimen que hoy vuelve a estar bajo observación pública.