La Justicia le dio la razón al Gobierno y la causa por la reforma laboral pasa al fuero contencioso administrativo

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que será ese fuero el encargado de analizar la demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral y dispuso que el expediente sea remitido desde la Justicia laboral, tal como había solicitado el Gobierno.

La decisión quedó firmada por los jueces Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy, quienes consideraron que, según los términos de la presentación, el Estado fue demandado en su rol de legislador y que el reclamo se apoya directamente en normas de jerarquía constitucional, leyes federales y tratados internacionales. Bajo ese criterio, concluyeron que la causa debe tramitar en el fuero contencioso administrativo.

El caso se originó a partir de la acción iniciada por la CGT ante la Justicia laboral para declarar la inconstitucionalidad de distintos artículos de la reforma sancionada por el Congreso. En su respuesta, el Ejecutivo planteó que no se trataba de un conflicto típico entre trabajadores y empleadores, sino de una controversia contra el Estado, por lo que correspondía cambiar de fuero.

Los camaristas señalaron además que su intervención apunta a evitar un conflicto de competencia que complique el avance del proceso y retrase su resolución.

La postura del fiscal y el fallo previo

Pese a que el dictamen del fiscal había sostenido que el expediente debía continuar en el ámbito laboral, la Cámara se inclinó por el criterio del Gobierno. Se trata del segundo fallo judicial favorable a la postura que sostiene el presidente Javier Milei en relación con esta reforma.

En una instancia previa, la jueza Macarena Marra Giménez, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, había hecho lugar al planteo de inhibitoria impulsado por el Ministerio de Capital Humano. Esa resolución fue la que habilitó ahora la intervención de la Cámara.

Al fundamentar su pedido, el Ejecutivo argumentó que la central obrera cuestionó la norma "sin identificar un solo acto concreto de aplicación que le haya causado un perjuicio determinado". Según esa postura, la mera vigencia de la ley no alcanza para acreditar daño actual.

También puso en duda la capacidad de la CGT para representar de manera general a todos los trabajadores, al remarcar que no se demostró una afectación directa ni se cumplieron los requisitos exigidos para este tipo de acciones colectivas.