El Gobierno modificó por decreto el proceso de elección de jueces de la Corte Suprema

El Ejecutivo simplificó por decreto el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema, eliminó etapas de consulta pública y redujo plazos administrativos.

Javier Milei firmó una reforma que elimina instancias administrativas previas al envío de pliegos al Senado. La medida también alcanza a fiscales y defensores públicos y busca acelerar las designaciones.

El Gobierno recortó etapas y aceleró el proceso de selección de jueces en la Corte Suprema
El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmaron un decreto que modifica el procedimiento para designar jueces de la Corte Suprema, fiscales y defensores públicos. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca reducir los tiempos administrativos previos al envío de los pliegos al Senado.

La nueva normativa deja sin efecto partes de los decretos 222 y 588 de 2003, que regulaban el proceso de evaluación de los candidatos. Según el Gobierno, esos mecanismos generaban superposiciones con el análisis posterior que realiza la Cámara alta.

Entre los cambios más relevantes, el Ejecutivo eliminó las pautas que sugerían contemplar criterios de diversidad de género, especialización jurídica y representación regional al momento de seleccionar postulantes. Además, dejó sin efecto la obligación de publicar las candidaturas en diarios nacionales y locales, aunque mantuvo la difusión en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia.

Otro punto central de la reforma elimina la instancia que permitía a ciudadanos, organizaciones civiles y colegios profesionales presentar observaciones sobre los candidatos antes de que el Ejecutivo enviara los pliegos al Senado.

El debate por la transparencia y los controles
El decreto también unificó los controles patrimoniales, fiscales y previsionales de los postulantes. A partir de ahora, quienes resulten propuestos deberán presentar su declaración jurada de bienes en un plazo de cinco días hábiles, mientras que ARCA contará con el mismo período para informar posibles incumplimientos tributarios o previsionales.

La modificación llega en un contexto de vacantes en la Corte Suprema, que actualmente funciona con tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma elimina trámites redundantes y agiliza los nombramientos. Sin embargo, sectores críticos advierten que la eliminación de instancias de participación ciudadana podría reducir los controles sobre un proceso clave para la conformación del máximo tribunal del país. El debate ahora gira en torno al equilibrio entre la eficiencia administrativa y la transparencia institucional en la selección de magistrados.