Ni el anticipo del veto del presidente Javier Milei ni las amenazas por posible "volatilidad" económica del ministro de Economía, Luis Caputo detuvieron la aprobación en la Cámara de Senadores de los proyectos de emergencia en discapacidad, aumento a las jubilaciones y prórroga de la moratoria jubilatoria. El primero fue aprobado por unanimidad y los referidos a las jubilaciones consiguieron amplias mayorías, pero no alcanzaron los dos tercios que impediría el rechazo de un veto presidencial. 

Cuánto aumentaría la jubilación
El Senado aprobó con 52 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, un incremento del 7,2% para todos los haberes jubilatorios, así como el incremento del bono extraordinario para las jubilaciones mínimas --congelado en 70 mil pesos hace más de un año-- a 110 mil pesos, con actualización mensual por índice de movilidad. De esta manera, de no producirse el veto anunciado por el Presidente, la jubilación mínima pasaría de 309.294,80 pesos a 331.564,02 pesos, a lo que podría sumarse el bono de 110 mil pesos.

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Con acuerdo de los gobernadores, los senadores también aprobaron la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias para sus cajas previsionales.

Por último, con 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención, se aprobó la Prórroga de la Moratoria Previsional por dos años. En lo concreto, el proyecto extendió la vida del capítulo II de la Ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional, que habilita el acceso a la jubilación a las personas que no cuentan con los años de aportes suficientes para alcanzar el haber mínimo, y de no ampliarse la prórroga, quedarían como único opción con acceso a la Pensión Universal para Adulto Mayor, que equivale al 80 por ciento de una jubilación mínima. 

Unanimidad de votos para discapacidad
La emergencia en discapacidad fue votada por unanimidad con por 55 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, a diferencia de lo que había ocurrido en junio en la Cámara de Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO y la UCR habían votado en contra sosteniendo el argumento del "equilibrio fiscal", que Caputo volvió a agitar en las redes sociales tras conocerse la aprobación de la ley. 

El proyecto aprobado declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 y ordena al Poder Ejecutivo a dar "financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad" y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. 

Los profesionales que atienden a las personas con discapacidad alertaron sobre la migración del personal a otros trabajados por la caída de sus ingresos y el peligro que significa para la continuidad de los tratamientos. La norma también exige el fortalecimiento de los prestadores, un régimen de emergencia de regularización de deudas y refinanciación de planes de pago vigentes.

Además, el proyecto exige al estado un funcionamiento "adecuado y sostenible" de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo y  la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816). "El equilibrio fiscal es lo que da estabilidad y previsibilidad, y no se negocia", escribió el ministro de Economía tras la aprobación, anticipando el veto presidencial. 

El senador cordobés Luiz Juez (Frente Pro), aliado del Gobierno y padre de una joven con discapacidad, votó a favor de la norma y le respondió directo a los argumentos de Caputo: "No importa qué dicen los economistas. Nuestros hijos no son un número, no son una contabilidad". Y describió la situación que vive el sector: "Nuestras prestadoras desde diciembre no han tenido un solo aumento (...) cuando se van a otro trabajo es porque tienen un salario miserable".