El Decreto 341 delega en el Consejo Federal -compuesto por ministros provinciales- la discusión por los ingresos mínimos de maestros de todo el país. El gobierno nacional se reserva el derecho a vetar eventuales acuerdos, por objeciones presupuestarias.
 
El Estado Nacional deja de ser parte activa de la negociación docente nacional y ya no oficiará como garante del piso salarial común para maestras y maestros en todo el país. Lo hizo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia n°341, modificando el artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, implica un giro en el rol que el Estado cumplía dentro del sistema educativo, luego de una serie de reformas educativas encaradas en los tempranos dos mil, luego de la fallida Ley Federal de Educación.

La decisión se fundamenta en la transferencia de la educación a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideradas las "empleadoras naturales" de los docentes en cada jurisdicción. "Con el objetivo de optimizar la eficiencia del gasto público, resulta esencial revisar la necesidad de determinadas funciones, garantizando una asignación de recursos más racional y efectiva", argumenta en los considerandos.
En adelante, las negociaciones sobre salario mínimo, convenios sobre condiciones laborales, calendario educativo y carrera docente serán acordados en el marco del Consejo Federal de Educación —que reúne a los ministros provinciales del área— y las entidades gremiales con representación nacional.
 La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al secretario de Educación, Carlos Torrendell. 

De todas formas, la Secretaría de Educación, hoy a cargo de Carlos Torrendell, se reserva el derecho de veto. La cartera que depende de Capital Humano, solo participará de forma posterior: revisará el acuerdo y, eventualmente, podrá rechazarlo si considera que no es fiscalmente viable.

Así lo establece en el nuevo artículo 10: “La Secretaría de Educación podrá refrendar el convenio, o requerir que se realice una nueva propuesta cuando por razones presupuestarias no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”.

Federalismo libertario
El gobierno justificó la reforma como una forma de “respetar el mandato constitucional” por el que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son responsables de administrar sus sistemas educativos.
“El federalismo no se proclama sino que se implementa”, publicó en sus redes sociales el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los ideólogos del decreto.
 La publicación del Ministro Sturzenegger explicando el objeto de la norma. 

“Durante años, el Estado Nacional participó en negociaciones docentes. Resabios de un país menos federal, porque las negociaciones son para definir condiciones laborales de empleados provinciales. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno Nacional en esa discusión?”, escribió el ministro portador de la motosierra.
Por su parte, Capital Humano emitió un comunicado en el que señaló que “las modificaciones dispuestas no afectan el normal desenvolvimiento del sistema educativo, sino que continúan garantizando el derecho a una educación de calidad, como establece la Constitución Nacional”.

Asimismo, el DNU 341 llega como parte de un paquete de reformas que día a día publica Sturzennegger con aspectos desregulados del Estado nacional. El mismo día, el Ejecutivo publicó el DNU 340, mediante el cual amplió el listado de actividades esenciales —como la educación—, limitando el ejercicio del derecho a huelga en dichos sectores.

Origen y antecedente
La Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en diciembre de 2005 y reglamentada por el Decreto 457/2007, estableció el convenio marco tripartito como instrumento para reducir las desigualdades salariales entre docentes de distintas jurisdicciones. La norma incluía explícitamente la intervención del entonces Ministerio de Educación de la Nación como parte negociadora junto al Consejo Federal y a los gremios.

La norma habilitaba al Estado nacional a intervenir en la negociación buscando achicar la brecha entre el salario docente más alto y el más bajo en el país. El Estado nacional garantizaba un piso de negociación en los acuerdos y, cuando era necesario, implementaba el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, creado por el artículo 9° de la misma ley, para asistir financieramente a las provincias con menor capacidad fiscal.

 
Sin embargo, la reforma de la paritaria nacional docente tiene un antecedente cercano. Durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018, también se modificó el decreto reglamentario de la Ley de Financiamiento Educativo, recortando la participación del Ministerio de Trabajo en la mesa de negociación.
Asimismo, el Decreto 52/18 fijó unilateralmente un nuevo criterio para el salario mínimo docente: debía ubicarse al menos un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. La medida fue duramente criticada por los gremios y motivó años de tensión entre Nación y provincias. Luego, Alberto Fernández en 2019 restituyó la paritaria a su conformación original, que hoy sufre nuevos cambios en la gestión de Javier Milei.
Rechazo
“Eliminar esta instancia es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo, y es consagrar la desigualdad”, indicaron desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
En un comunicado oficial, denunciaron que la decisión representa “un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales, un atentado contra la paritaria nacional docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro sistema educativo”.
La central docente convocó a un paro y llamó a la ciudadanía a “defender el rol del Estado como garante de la educación pública y equidad federal”.