El Gobierno continuó con el cierre de dependencias públicas y delegación de facultades a las provincias y el sector privado, en este caso con la disolución de áreas de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que dejará de financiar a la actividad.

Mediante el decreto 216/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, se disuelve el Comité Interministerial de Facilitación Turística y el Programa Nacional de Inversiones Turísticas y también se suprimen las funciones del planificación y programación del sector, financiamiento de obras y subvenciones a provincias, estrategias de capacitación y administración de infraestructura turística, así como las responsabilidades vinculadas al desembolso de recursos para el incentivo al turismo y el Plan de Turismo Social.

“En suma, se trata de eliminar todas aquellas responsabilidades y asignación de funciones cuyo ejercicio es susceptible de distorsionar las condiciones del mercado turístico y desalentar el libre desarrollo y recuperación del sector privado”, sostuvo el Gobierno en los considerandos de la norma que afecta directamente las atribuciones de una de las incorporaciones extrapartidarias al Gobierno más destacadas, como la del exgobernador y ex candidato presidencial del Justicialismo, Daniel Scioli.

De esta manera, quedarían totalmente desactivadas iniciativas como el ya disuelto programa Pre Viaje y otras similares, a menos que sean instrumentadas por jurisdicciones provinciales o municipales.

Todo para privados y provincias
En ese sentido, el decreto establece que “corresponde introducir aquellas adecuaciones normativas orientadas a la premisa de que el Estado debe encargarse de atender funciones públicas esenciales que le son propias”.

De esa forma, se entiende que debe dejarse “a la iniciativa privada, con los parámetros que le son naturales de eficiencia económica, en condiciones de competencia y libre mercado, gestionar la producción de servicios en aquellos sectores que no se corresponden con las funciones esenciales del Estado, tales como son, por definición, la actividad turística, su financiamiento y capacitación”.

En consecuencia, se dispuso “eliminar todas aquellas instancias organizacionales cuyo funcionamiento no resulte necesario o pueda importar la burocratización y ralentización en la dinámica de cumplimiento de las funciones y facultades de la actual Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Criterio federal
“Las características de la actividad turística exigen que el Estado Nacional organice los recursos que vincula a su desarrollo con capacidad para atender rápidamente a los cambios del mercado y a los nuevos entornos y desafíos que se planteen, a la vez que genere las condiciones para el desarrollo de las iniciativas e inversiones del sector privado sin interferencias que alteren las reglas de juego de los actores”, remarcó la medida, que a su vez destacó que se debe “orientar y enfocar la organización pública vinculada a la actividad turística a la función esencial de promoción de la inversión en el sector y el fomento de su desarrollo”.

En lo que respecta al rol que se le asigna a las provincias y los municipios, planteó que “es necesario atender con criterio federal las incumbencias locales y regionales en la materia, eliminando cualquier previsión normativa que a través de la asignación de responsabilidades a la autoridad nacional avance sobre las competencias de las jurisdicciones en la materia y sobre las iniciativas privadas de promoción de la actividad”.

Al respecto, se indicó que “tampoco resulta necesario mantener las funciones relativas a la realización de obras públicas turísticas, que pueden ser desarrolladas por las jurisdicciones Provinciales, Municipales, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por iniciativa privada, según corresponda”.

Erradicar subsidios
El decreto también determinó que “no corresponde mantener aquellas asignaciones de responsabilidades que no hacen a las funciones del gobierno y que legitiman mecanismos de intermediación en la asignación de subsidios, que se persigue erradicar en orden a instaurar incentivos a la mejora de la productividad y la competitividad en los diversos sectores de la economía”.

En ese orden, se aseguró que “el otorgamiento de financiamiento constituye una actividad que puede ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado, el cual cuenta con los recursos y la capacidad para ofrecer productos crediticios”, lo que permitirá “concentrar los recursos públicos nacionales en aquellas obras de inversión prioritarias para beneficio de todos los argentinos”.