El gobierno de Javier Milei continúa avanzando en su política de desregulación con la reciente derogación del “Registro de Abogados y Gestores Administrativos” que funcionaba bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida fue oficializada mediante la Resolución 982/2024, firmada por el director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros, y publicada en el Boletín Oficial. Esta acción forma parte de un proceso más amplio de transformación administrativa que busca, según las autoridades, simplificar los trámites previsionales y eliminar “barreras innecesarias” para los ciudadanos.

Uno de los objetivos principales de la eliminación de este registro es devolver a los ciudadanos la capacidad de decidir libremente cómo y con quién gestionar sus trámites previsionales, sin la necesidad de recurrir a intermediarios habilitados y registrados por ANSES. Según declaraciones del gobierno, esta normativa anterior limitaba la libertad de los ciudadanos al imponer la obligatoriedad de contratar a abogados o gestores para representarlos ante el organismo previsional, un requisito que, en la visión actual, constituía una traba innecesaria.

La creación del registro, establecido en 2014 por la gestión kirchnerista a través de la Resolución 479/2014, buscaba profesionalizar la representación de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Sin embargo, la administración de Javier Milei considera que dicho registro generaba obstáculos innecesarios y contradecía el principio de desregulación que guía la actual gestión.

La derogación del “Registro de Abogados y Gestores Administrativos” se enmarca dentro de un contexto de desregulación más amplio impulsado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera y administrativa. Este decreto ha sido uno de los pilares del programa de reformas del gobierno de Milei, orientado a eliminar normativas que, según su visión, entorpecen el normal desarrollo de la actividad económica.

La resolución 982/2024 señala que la eliminación del registro responde a la necesidad de avanzar hacia una gestión pública “transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad”, en línea con los principios de la Ley N° 27.742, también conocida como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Esta normativa busca reformar y modernizar las estructuras del Estado, promoviendo un marco legal que facilite la interacción de los ciudadanos con la administración pública sin la imposición de intermediarios.

Repercusiones para los ciudadanos: Mayor libertad y reducción de costos
Con la derogación del registro, los ciudadanos ya no estarán obligados a contratar los servicios de abogados o gestores registrados por ANSES para realizar trámites relacionados con sus prestaciones previsionales. Esto, en la práctica, representa una reducción de costos y una simplificación en los procedimientos, al permitir que los beneficiarios puedan gestionar sus trámites directamente o con el asesoramiento de personas de su elección, sin las limitaciones impuestas por la normativa anterior.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue uno de los principales defensores de esta medida y se expresó en redes sociales destacando que “seguimos eliminando cotos de caza que solo perjudican a la ciudadanía”. Para Sturzenegger, la normativa derogada restringía el derecho de los ciudadanos a gestionar sus trámites previsionales de manera libre, al imponer la contratación de intermediarios.

Desde un punto de vista normativo, la resolución 982/2024 argumenta que la obligación de recurrir a abogados o gestores no era necesaria, ya que existían marcos legales previos que regulaban la representación de los ciudadanos ante el organismo previsional. En particular, se menciona la Ley N° 17.040 y su Decreto Reglamentario N° 4.179/1967, que ya proporcionaban una estructura suficiente para este tipo de representaciones sin la necesidad de un registro adicional.

Asimismo, el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994) regula los actos entre privados en cuanto a mandatos y representaciones, lo que, según el gobierno, hacía redundante la existencia del registro de abogados y gestores. La normativa derogada, en opinión de las autoridades actuales, solo agregaba trabas burocráticas y complejidad a un sistema que debe buscar la eficiencia y la simplicidad.

La eliminación de este registro es solo una de las múltiples medidas que el gobierno de Javier Milei ha implementado en su plan de desregulación. Desde el comienzo de su gestión, se ha trabajado en simplificar procesos y reducir la cantidad de normativas que, según las autoridades, generan ineficiencia en el Estado y aumentan el gasto público.

El objetivo de este enfoque es hacer más ágil la administración pública y mejorar la interacción entre los ciudadanos y las dependencias estatales, reduciendo tiempos, costos y esfuerzo. La simplificación administrativa es vista como una herramienta clave para liberar a los ciudadanos de barreras innecesarias que afectan su libertad de elección y complican la realización de trámites.

La decisión del gobierno de eliminar el registro de abogados y gestores ha sido bien recibida por algunos sectores de la sociedad, que consideran que la medida permitirá una mayor flexibilidad a la hora de realizar trámites. El ministro Sturzenegger compartió en redes sociales testimonios de ciudadanos que apoyaron la decisión, como el caso de Cristian Manuel Goncalvez, quien señaló que el registro “coartaba su libertad para trabajar”.

 Este tipo de testimonios refuerzan la postura del gobierno en cuanto a la necesidad de eliminar regulaciones que, en su opinión, solo complican la vida de los ciudadanos y aumentan los costos para el Estado. Para la administración de Milei, estas iniciativas no solo responden a una visión de modernización del Estado, sino que también buscan impulsar un cambio de paradigma en la relación entre el ciudadano y la administración pública.

La derogación del “Registro de Abogados y Gestores Administrativos” en ANSES se inscribe dentro de una política más amplia de desregulación que busca simplificar la relación entre los ciudadanos y el Estado, eliminando normativas que, según el gobierno, no aportaban beneficios reales y solo añadían burocracia al sistema.

El gobierno de Javier Milei continúa firme en su objetivo de transformar el Estado argentino, priorizando la libertad individual y la eficiencia en la gestión pública. La eliminación de este registro es solo una pieza más en el rompecabezas de reformas que la administración actual ha impulsado para desmantelar lo que considera barreras regulatorias innecesarias y garantizar una mayor agilidad en los trámites que realizan los ciudadanos.