El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como "La ruta del dinero K". Se trata del caso en el que el empresario Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión, acusado de haber lavado unos 65 millones de dólares a través de la financiera conocida como "La Rosadita". Tras el pedido de Marijuan, es el juez federal Sebastián Casanello quien debe decidir sobre la situación de la titular del Senado.

Marijuan había sido quien imputó a Cristina Kirchner, basado entre otras cuestiones en la declaración del financista arrepentido Leonardo Fariña, quien había dicho que Báez le había contado que que la ex presidenta le había advertido que la Embajada de Estados Unidos estaba preocupada por sus maniobras de lavado de dinero.

En la etapa de instrucción, ante la Cámara Federal insistió en varias ocasiones para que el juez citara a indagatoria a la vicepresidenta y también la procesara, algo que finalmente nunca pasó. Ahora, el propio Marijuan consideró que la relación entre Báez y Cristina Kirchner está probada, pero no encontró evidencia de que el dinero le perteneciera.

En su dictamen, el fiscal nombró los negocios entre el empresario y la vicepresidenta, además de más de 300 comunicaciones entre sus secretarios y ellos mismos. 

El juez federal Sebastián Casanello rechazó en abril del año pasado sobreseer a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como la ruta del dinero K por lavado de dinero.

El magistrado no hizo lugar a un pedido del abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, y compartió la opinión del fiscal Guillermo Marijuan de seguir investigándola, por lo cual rechazó el planteo para que sea sobreseída de manera definitiva.

El pedido de sobreseimiento había sido avalado por la Unidad de Información Financiera (UIF). No obstante, Casanello sostuvo que no es correcto "mutilar líneas de investigación abiertas". "Por eso insistiré y esperaré sus resultados", aclaró el juez en su respuesta a la acusada.

Al tiempo de rechazar el sobreseimiento, Casanello recordó que estaba en trámite un pedido de colaboración de información con los Estados Unidos vinculado a un episodio que consta en el expediente.

El arrepentido Leonardo Fariña, también condenado en el caso, había declarado que una vez Lázaro Báez le dijo que fuguen el dinero con disimulo, ya que lo había regañado la vicepresidenta, quien aseguró que la habían llamado desde la Embajada de los Estados Unidos para alertarla sobre ello.

Por ese motivo, el juez quiere corroborar si eso fue cierto o no, y qué grado de conocimiento tenía Cristina Kirchner sobre las actividades de Lázaro Báez.

En tanto, otra medida de prueba que estaba pendiente era un entrecruzamiento telefónico entre los que eran en ese momento los secretarios privados que tuvo la entonces presidenta, entre 2010 y 2013, cuando sucedieron de los hechos.

Por ello, el magistrado había solicitado en primer término que las líneas telefónicas informen los celulares asignados a nombre de la entonces mandataria durante en ese período, y que lo mismo hiciera la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre si designó líneas para uso de Cristina Kirchner.

Paralelamente, Casanello exigió en aquel entonces a la Secretaría General de Presidencia las líneas asignadas al uso de secretarios privados entre un listado de nombres sobre los cuales pidió información.

Asimismo, solicitó que la oficina de escuchas telefónicas, la cual depende de la Corte Suprema de Justicia, emprendiera el trabajo con "la mayor premura".