Cuentas sin declarar en Estados Unidos: realizarán pedidos de información "por grupos"

Actualidad AFIP
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Por Florencia Barragan

El acuerdo de intercambio automático de información con Estados Unidos comenzará a regir el primero de enero de 2023, luego de que Argentina avanzara con todos los pasos requeridos. La información se recibirá a partir de septiembre de 2024, por cómo está establecido en el acuerdo intergubernamental modelo IGA 1 para implementar la normativa FATCA. Por ese motivo, el Gobierno avanzará previamente con pedidos de información grupales de argentinos sospechados con tener una cuenta sin declarar.
 
“La información llega recién en septiembre, pero vamos a pedir datos desde antes”, manifestó una alta fuente del equipo económico. Serán lo que en el Gobierno llaman “pedidos de información grupales”. Pese a que el IGA 1 entra en vigencia el primero de enero, y la información llega en bloque en septiembre del siguiente año, la AFIP puede hacerlo. Es en el marco del intercambio de información firmado en 2016 con Estados Unidos, y que entró en vigencia en 2017. 
 
La diferencia es que ese acuerdo era “caso a caso”, mientras que el firmado recientemente por el ministro de Economía, Sergio Massa, es automático. Actualmente, por el intercambio caso a caso, Argentina tuvo acceso a información de 68 ciudadanos, según informó Economía. Con los pedidos de información grupales que se harán en 2023, Economía espera llegar a miles de argentinos.

Ante la consulta de cómo funcionan estos pedidos por grupo, el tributarista Sebastián Domínguez explicó a Ámbito: “Para hacer esto tienen que tener información concreta de que las personas tienen una cuenta sin declarar en Estados Unidos, no pueden salir en excursión de pesca porque sino Estados Unidos no va a contestar. Pero podrían armar grupos si hicieron fiscalizaciones y tienen datos, como puede ser un extracto bancario, o una denuncia de otra persona, y ahí podrían pedir a requerimiento, pero no en abstracto por la simple sospecha”

En tanto, el acuerdo de intercambio automático de información ya está subido en el sitio del Tesoro de Estados Unidos. Por más que no figure firmado, tiene validez, y entrará en vigencia el primero de enero, luego de que Argentina avanzara con todas las normas requeridas en materia de seguridad, y con el establecimiento de la letra chica de cómo es el mecanismo para que los bancos envíen la información fiscal. La parte que le queda al gobierno estadounidense, que es la de notificar al Congreso de ese país, es un trámite sencillo, según pudo averiguar este diario.

Pero además, el IGA 1 deja asentado que podría llegar a haber cambios en lo firmado, algo que podría beneficiar a Argentina en la búsqueda de información de evasión. “Este anexo podrá ser modificado por decisión mutua por escrito entre las autoridades competentes de Argentina y Estados Unidos, para incluir entidades y cuentas adicionales”, establece el modelo firmado, en el anexo II.

La idea de avanzar con pedidos de información grupales es también la de incentivar al blanqueo, dado que así como está planteado el acuerdo, la información recién llegará en septiembre del 2024. Pero más allá de sumar un incentivo para los evasores, el Gobierno tiene otra preocupación: que el Congreso no apruebe la ley. Es el único mecanismo posible para avanzar con estas iniciativas, pero se observa con mucha preocupación la paralización del Poder Legislativo y la falta de acuerdos. “La diferencia con otros blanqueos es que acá tienen un horizonte establecido”, contó una alta fuente oficial.

La idea de Massa es que la ley de exteriorización se trate en las sesiones extraordinarias. “Se establece previamente al momento de entrega de información, la posibilidad de que voluntariamente esos ciudadanos le informen al Estado argentino su situación con un sistema de castigos menores a los que prevé la ley en caso que no lo informe”, aseguró en una entrevista con Radio 10. “Leí por ahí que el gobierno necesita la ley. No, quienes necesitan la posibilidad de tener un mecanismo de exteriorización son aquellos que tienen una situación irregular frente a la AFIP para no tener una situación de litigiosidad frente al fisco argentino”, agregó.

Pero además, para 2023 el Gobierno pone el ojo en otra cuestión: el Tribunal Fiscal de la Nación. Fuentes oficiales aseguran que cuando se busca a un evasor y se le pone una cautelar, la judicialización de los casos vía apelaciones de los evasores lleva a que haya más de $100.000 millones en juicios impositivos, dinero en pesos que se licua con el tiempo. Esa cifra, que hace cinco años equivalía a litigiosidad por u$s5.000 millones, hoy equivale a u$s600 millones, por la devaluación en el tipo de cambio.

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