Un repaso de algunos de estos casos, que involucran a gente del ámbito de los negocios, como los de Gustavo Shanahann, Patricio Carey, Bruno Poletti, Fernando Vercesi, Daniel Casanovas, Angel Guardati, Juan Carlos Torti y Sebastián Grimaldi, entre otros.
La imagen que usamos actualmente para representar a la justicia mezcla un poco de mitología antigua con una obra de arte construida apenas terminada la Edad Media. Es que en el antiguo Egipto existía la diosa Maat, con una pluma de avestruz sobre su cabeza, que usaba para pesar en una balanza el corazón de los muertos en el juicio final. Y en el imperio romano apareció la diosa Iustitia que sumaba una espada -como ya había usado la diosa griega Némesis– que servía para castigar a los que no obedecían. Desde el Siglo XV, la misma señora empezó a tener sus ojos vendados: el origen histórico habría sido una popular estatua que hizo en 1543 el artista Hans Niegen en la ciudad suiza de Berna, al que le pidieron una gran Fuente de la Justicia (Gerechtigkeitsbrunnen) y entonces hizo una mujer con balanza, espada y un pañuelo tapando su mirada. La idea de esa “justicia ciega” que hace siglos adorna la papelería de los Colegios de Abogados y edificios de Tribunales en todo el mundo, es que no pueda ver a las personas sino juzgar simplemente los hechos.
Hecho el recorrido histórico, surge entonces la primera pregunta: ¿En Rosario la justicia también es ciega? ¿Se abordan de igual manera los ilícitos en zonas marginales que los delitos económicos cometidos por quienes tienen otro status social? Si hubiese que responder tomando en cuenta la resolución el último viernes del caso Herrera, la respuesta sería un rotundo “No”. Hablamos del financista rosarino sospechado de haber retenido junto a su familia sumas millonarias en dólares de pequeños ahorristas que le habían confiado su dinero. La jueza Paula Álvarez aceptó la imputación del fiscal y determinó que la investigación por estafas y defraudación deberá seguir, pero con los acusados en libertad.
Antes, otras imputaciones de la justicia provincial por delitos económicos, terminaron de la misma forma: las investigaciones prosiguen o se firma un juicio abreviado, los acusados quedan en libertad a cambio de una onerosa caución en dólares y las víctimas de sus estafas nunca consiguen recuperar el dinero perdido. RedBoing hizo un repaso de algunos de estos casos, que involucran a gente del ámbito de los negocios, como los de Gustavo Shanahann, Patricio Carey, Bruno Poletti, Fernando Vercesi, Daniel Casanovas, Angel Guardati, Juan Carlos Torti y Sebastián Grimaldi, entre otros. Uno de ellos, inclusive está profugo: Marcos Díaz, rugbier y nexo entre una financiera y una banda narco.
El caso Herrera
Hacía tiempo se sabía que Luis Herrera, yerno del fundador de la firma Fernández Soljan, ex presidente del ROFEX y financista con larga trayectoria en la city rosarina, podía quedar detenido. Por eso el último martes, cuando trascendió muy temprano que la Agencia de Investigación Criminal iniciaba los allanamientos en su casa de Alberdi y otro domicilio suyo en Timbués, nadie se sorprendió demasiado.
La audiencia imputativa se hizo a las 48 hs y duró dos días. El fiscal Miguel Moreno expuso sus argumentos, los abogados de las víctimas hicieron sus planteos y la defensa a cargo del doctor Ilharrescondo brindó los suyos. También hablaron varias personas que habían resultado estafadas, entre ellas una odontóloga que contó con mucha bronca cómo la familia Herrera le tomó sus ahorros apenas dos días antes de “caer en default”, a mediados de 2021. Como a ella, al menos a 85 personas se les había inmovilizado sus cuentas comitentes desde julio del año pasado.
Para Fiscalía, las presuntas maniobras habían empezado al menos en 2017, cuando Luis Herrera, sus hijos y su esposa, empezaron a utilizar plata que captaban de los ahorristas para comprar acciones de sus propias empresas y bienes. A quienes le tomaban el dinero, les prometían que se invertirían en una reconocida Bolsa de los Estados Unidos, la “Chicago Board of Trade”, que les daría un interés anual del 12 por ciento en dólares. De hecho, los informes que emitían mensualmente tenían esa denominacion en la parte superior de cada hoja. El fiscal Moreno, con ironía, lanzó: “No le encontramos ni un banderín de Nueva Chicago”.
“Chicago Board of Trade” decían los balances que enviaba Herrera. Cuando el fiscal allanó, dijo con ironía que no había tal relación con la bolsa en Estados Unidos y que no encontraron “ni un banderín de Nueva Chicago”.
Conocidos los argumentos y ante el pedido de prisión preventiva que hizo la Fiscalía, el doctor Ilharrescondo dijo varias veces que le parecía excesiva la cautelar y habló de medidas alternativas. Cuando todo hacía suponer que se podría definir una domiciliaria, la jueza Paula Álvarez resolvió dejar a Herrera en libertad mientras sigue el proceso judicial, a cambio de una caución de tres millones de dólares y un impedimento para salir del país. Sus víctimas, entre tanto, siguen sin saber cómo harán para recuperar sus ahorros.
El caso Shanahann
Gustavo Shanahan llegó a ser un empresario muy influyente en Rosario: fue titular del Puerto y cara visible del desarrollo inmobiliario Los Pasos del Jockey Club, entre otros emprendimientos. Se movía como pez en el agua en el mundo de los negocios y sin embargo terminó procesado como integrante de una banda narco dirigida desde la cárcel por un piloto de avión peruano, Julio Rodríguez Granthon.
¿Cómo llegó a semejante bochorno? Por cambiar dólares en una cueva de calle España al 800 a los soldaditos que traían la recaudación de los búnkeres. Para la Justicia Federal, ese paso era clave para poder pagar la cocaína de máxima pureza que llegaba desde Bolivia a la ciudad. Sin un guante blanco que convierta los pesos de baja denominación que llegan de los barrios en dólares para comprar la droga, se cortaría el circuito.
En octubre del año pasado, cuando se realizó un allanamiento en la financiera de Shanahann, se agarró a los delincuentes con las “manos en la masa”. El operativo se denominó “Cueva Blanca” y contó con la firma del juez federal Marcelo Bailaque. Empezó siguiendo el movimiento de búnkeres en Villa Banana y terminó en pleno centro de la ciudad, donde se hacían las operaciones de cambio. En la causa, el reconocido financista quedó identificado como el responsable de colocar en inversiones legales el dinero en efectivo que venía de la venta de droga. El ex titular del Puerto de Rosario está procesado, pero espera el avance de la causa con el beneficio de la prisión domiciliaria.
En la misma causa que se tramita en los Tribunales federales y como parte de la banda aparecen dos rugbiers: Marcos Díaz y Juan Román González. El primero, jugador de Plaza Jewell, se hizo invisible el día de los allanamientos de octubre pasado y en la investigación aparece como “bolsero”: en una de las evidencias presentadas por la PROCUNAR, entraba con bolsos vacíos junto con Shanahann a un edificio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y salía con los mismos equipajes llenos. La comisión que cobraban al “Peruano” Granthon para cambiarle pesos de los búnkeres por dólares era de un dos por ciento por encima del valor blue de la divisa nortemericana. La prueba surge de escuchas a la banda narco. González, el otro rugbier del grupo, jugó en Los Pumitas y es de Venado Tuerto.
Al momento de publicarse esta nota, Marcos Díaz sigue prófugo de la justicia. Vivía en Ibarlucea, pero ahora se sospecha que puede estar fuera del país.
El Grupo Praga: Bruno Poletti y el “Tanque” González
Otro de los casos que hizo ruido en el ambiente de los negocios fue el del Grupo Praga. La denuncia estalló en marzo de 2020 y el caso culminó el mes pasado, con la firma de juicios abreviados tras el reconocimiento de los acusados de haber cometido fraude.
A la investigación la llevó la fiscal Valeria Haurigot, que detectó que Bruno Poletti, Leandro González y Jorge Fonaroff habían engañado a varias personas vinculadas con el rugby en operaciones por compra de vehículos y operaciones financieras.
¿En qué consitían las maniobras? Desde diciembre de 2017 funcionaban una oficina en Sarmiento al 400 y dos agencia de autos vinculadas al Grupo Praga, dedicado a la compra venta de vehículos de alta gama y captación de dinero a manera de préstamos por los que ofrecían altos intereses que nunca pagaron.
En el abreviado, Poletti admite que antes de la caída del Grupo Praga estaban “desesperados por agarrar plata y había un caos total”. El empresario revela que a fines de febrero de 2020, su socio le había pedido que fuera a un bar en Puerto Norte con la camioneta de su padre -una BMW X1- y se la entregue a un tal “Vitín”. Ahí se arregla también entregar una casa en Palos Verdes. Según la misma declaración, esta persona que aparece mencionada es quien provee las viandas de la UOCRA y tiene muchas Harley Davidson, que habían sido parte de las operatorias del grupo. Como había cuotas, había que vaciar esa propiedad y dar la X1, todo sin firmar.
A la agencia la tenían en Juan José Paso al 5.000 en Empalme Graneros, donde también se vendían motos. Y había otra en Eva Perón al 5.000, con autos de alta gama. También quedó involucrada una empresa de Ortopedia, que compraron sin pagar la totalidad del acuerdo.
Entre otras maniobras, ofrecían mutos con tasas en dólares al 1,5 por ciento mensual y vendían autos que no entregaban. Según la acusación de Haurigot, “abusaban de la confianza de sus víctimas, aprovechando el perfil que les daba la pertenencia a círculos sociales de alto poder adquisitivo, aparentando solvencia mayor a la que tenían y a sabiendas de la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones que de buena fe simularon asumir”.
A Fonaroff el MPA también lo imputó por tenencial ilegal de arma de fuego de uso civil. Cuando lo allanaron, la policía secuestró un revólver calibre 22 largo en su casa de Pelayo al 2600. Estaba cargado y apto para el disparo.
Bruno Poletti firmó por tres años y la resolución judicial estimó que “abusaba de la confianza que tenían las víctimas involucradas en la compra y venta de autos”. Para su socio en Grupo Praga y ex jugador de Duendes, Leandro “Tanque” González, hubo también una condena a tres años de ejecución condicional.
El caso Cofyrco: del crimen de Medrano a la cueva en el centro
Como pasó con Shanahann, hay otra causa judicial que hizo mucho ruido al vincular el delito plebeyo de los barrios y la venta de droga con los negocios financieros que se hacen en el centro de Rosario: es el caso Cofyrco.
Todo empezó con el crimen de Marcelo “Coto” Medrano, que había sido líder de la barra de Newell’s y administraba los negocios de Los Monos en la zona norte de la ciudad. Su territorio abarcaba inclusive, para los investigadores, la zona de Granadero Baigorria.
Fue allí, justamente, donde se encontró con la muerte. Alguien lo había citado una tardecita de septiembre de 2020 a la estación de servicio YPF que queda sobre la ruta, a pocos metros del Hospital Eva Perón. Y al llegar, fue acribillado. No alcanzó a volver a su auto, donde lo esperaba su mujer. Cerca de su cuerpo quedó su teléfono, que lograron abrir luego los fiscales que tomaron el caso, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.
Los funcionarios del MPA que se encargan de investigar la criminalidad compleja detectaron entre las últimas comunicaciones que había tenido el narco asesinado, algunas que incomodaron a reconocidos actores de la city: unas horas antes de resultar ejecutado, Medrano había pasado por Cofyrco, en Corrientes casi Córdoba. Se trataba de la cueva céntrica que tenía Patricio Carey, con algunos socios.
En marzo de 2021, se allanaron esas oficinas buscando más pruebas de la relación con Medrano. Y al entrar por sorpresa, Schiappa Pietra y Edery se encontraron con otros delitos de tipo económico. Por eso se abrió una causa específica contra los integrantes de Cofyrco, que llevó adelante el fiscal Sebastián Narvaja.
Luego de varias audiencias imputativas y gestiones judiciales, se acordó una condena en juicio abreviado para algunos socios de la financiera, que admitieron su participación en los hechos. La situación de Patricio Carey es distinta: pretendió desvincularse de la causa por ser presuntamente un actor menor dentro de Cofyrco, pero los testigos presentados por Fiscalía lo desmintieron. Así, enfrentará un juicio en el que Narvaja anticipó que pedirá para él 5 años de prisión. Como otros colegas suyos del mundo de los negocios, espera el trámite judicial en libertad.
El caso de Daniel Casanovas
En esta lista de financistas locales acusados por delitos económicos que tuvieron que enfrentar a la justicia pero lograron no quedar presos, puede nombrarse también a Daniel Casanovas: entró en default en 2019 por más de mil millones de pesos y fue acusado por el fiscal Miguel Moreno de estafas y administración fraudulenta desde las firmas que controlaba, como una agencia de Bolsa, una mutual, un fideicomiso ganadero y otros negocios agropecuarios. Por los presuntos ilícitos fue imputado en octubre de 2021.
En la imputación, se presentó como evidencia el caso de una inversión de 47.052 dólares que lograron para la firma Cereales del Sur, controlada por la familia Casanovas, dos días antes de entrar en default.
Para Moreno, Casanovas defraudó a esa víctima simulando un bienestar patrimonial y financiero que no tenían para hacerse del dinero. El fiscal que investigó este caso es el mismo que lleva adelante la acusación contra la empresa Vicentín y suele señalar que este tipo de maniobras son habituales, con víctimas que pagan “los platos rotos” cuando se les toman ahorros hasta el último minuto antes de la caída.
La misma investigación detectó maniobras como el desvío de fondos de un fideicomiso ganadero y la emisión de millonarios cheques sin fondos. “El dinero no fue aplicado al objeto establecido en el contrato, al engorde de ganado, disponiendo de los fondos procurando un lucro indebido para sí o para terceros”, indicó Fiscalía.
Como todos los protagonistas de esta nota, hubo audiencia judicial. En este caso fue ante el juez Gustavo Pérez de Urrecchu, que admitió la imputación y puso algunas restricciones para Casanova durante seis meses: no salir del país, no tocar sus bienes y sus empresas. Está en libertad, se mudaron a Salta. Sus víctimas no cobraron las deudas por las cuales iniciaron las denuncias.
Sebastián Grimaldi estafó a peces gordos
El Fiscal Dr. Mariano Ríos Artacho, de la Unidad de Delitos Económicos, le atribuyó a Sebastiánn Grimaldi, en carácter de Presidente de “S.G” SA, el hecho de haber defraudado al Banco Macro S.A. en 2018 al haber solicitado verbalmente a la entidad una ampliación para girar en descubierto, respaldando dicho pedido con la presentación en su cuenta corriente de diez cheques por un total de $5.023.951,08 los cuáles se acreditarían dentro de las 24 horas.
La operación se realizaba con la finalidad de aparentar solvencia, sabiendo que los mismos iban a ser rechazados por falta de fondos, atento a haber sido librados por la empresa Leones Agropecuaria SRL, otra empresa que el imputado controlaba.
También, se le atribuye en carácter de Presidente de “S.G” SA, junto a su madre, Directora de la misma, haber defraudado al Cofco Internacional Argentina S.A. abusando de la confianza con el Gerente de Originación de la empresa y de la habitualidad con la que realizaban operaciones comerciales desde el año 2016.
Por todo esto fue imputado, sin embargo logró evadir la prisión como el resto de los financistas.
La historia de Juan Carlos Guardati y Ángel Torti
Podría decirse que el caso que involucra a Juan Carlos Guardati y Ángel Torti es el único que tuvo un capítulo distinto de esta lista. Porque en junio de este año, tras un operativo sorpresa de la AIC que terminó con la detención de ambos, se determinó prisión preventiva para ambos por el plazo de 90 días en una audiencia que estuvo a cargo del juez Hernán Postma.
Luego, por la edad de uno de los imputados y la presentacion de certificados médicos del otro, los imputados lograron volver a casa, pero al menos en los primeros momentos habían corrido una suerte distintas que el resto de sus colegas nombrados en esta nota. ¿Por qué? Quizás haya sido por un motivo fortuito y les haya jugado una mala pasada el sorteo de juez. Es que el mismo Postma había sido protagonista de una polémica apenas dos semanas antes, cuando había dejado presos a los dos jóvenes que habían agredido al hijo de Valeria Mazza en la puerta de un boliche rosarino.
En la previa de la audiencia por Guardati y Torti, el caso del joven Gravier había estado en la agenda pública y hubiese tal vez resultado muy contradictorio que el mismo juez que había señalado la necesidad de tener presos a dos pibes por haber pegado una piña a la salida de un boliche, aún habiéndose presentado por sus propios medios a la justicia, pero dejar en libertad a dos financistas que habían repetido maniobras evasivas ante el fisco y luego ante la propia fiscalía que los investigaba por delitos económicos.
Se les adjudicaba falsificación de balances, 156 hechos de administración fraudulenta en los que sus clientes habían sido víctimas del vaciamientos de cuentas que administraba G&T y vaciar la cuenta de 19 millones de pesos de una empresa de transporte.
En la larga audiencia en el Centro de Justicia Penal, con acusación de los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, el juez Postma definió como “acciones delictivas graves” las que habían cometido los directivos de G&T. Es que los funcionarios del MPA habían detectado que una vez que ya habían sido imputados por la justicia por usar indebidamente dinero que les habían confiado quienes tenían con ellos una cuenta comitente –tras la caída de Vicentín habían pasado fondos de su financiera a una corredora del mismo grupo, dejando sin respuesta a sus ahorristas-, sino que además habían pretendido burlar la ley firmando acuerdos privados por fuera de la intervención judicial.
El nuevo delito en el que habían incurrido era el de colusión, ya que habían ofrecido a algunos ahorristas un acuerdo en dólares por una menor cifra a la deuda que tenían con ellos, supeditado a su voto favorable en el concurso preventivo de la firma, sin comunicar a las autoridades.
Por eso aquel día, Postma al comunicar su resolución dijo: “Tenemos ya de por sí un delito de administración fraudulenta. Y lo que se ha sumado aquí con estos convenios son acciones delictivas de gravedad que se producen cuando los imputados estaban con alternativa a la prisión preventiva“. Es decir, se les había permitido una domiciliaria con la primera imputación, a cambio de que se inmovilicen sus bienes mientras proseguía la imputación. Y aún así, a espaldas del control judicial, habían firmado acuerdos privados que modificaban la situación de algunos de sus acreedores en beneficio de otras víctimas.
Como está dicho, el primero que logró irse de la cárcel del ORDER a su casa, fue Guardati. Y una semana después, con presentación de certificados médicos que demostraron una grave enfermedad que necesitaba tratamiento, fue su socio Torti.
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