El Gobierno nacional celebró la aprobación de las modificaciones a la Ley de Glaciares, que obtuvo 137 votos a favor y 111 en contra en la Cámara de Diputados, y defendió la iniciativa como un paso hacia una mayor autonomía de las provincias en la gestión de sus recursos naturales.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente de Javier Milei aseguró que la reforma “elimina distorsiones ideológicas y trabas artificiales que impedían el progreso”, y remarcó que la nueva normativa busca otorgar mayor seguridad jurídica.

Según el texto oficial, la modificación de la Ley de Glaciares Argentina apunta a precisar el alcance de la norma vigente, manteniendo la protección de glaciares y zonas periglaciares con función hídrica, pero habilitando actividades productivas en áreas que, según el Gobierno, estaban “mal catalogadas”.

En ese sentido, se destaca que serán las provincias las encargadas de realizar evaluaciones técnico-científicas para determinar qué zonas pueden destinarse a la explotación de recursos, especialmente minerales.

El Ejecutivo sostuvo que la legislación anterior generaba interpretaciones restrictivas que impedían el desarrollo de actividades incluso en zonas donde no existían bienes a proteger.

Respaldo político y provincias involucradas

Desde el oficialismo remarcaron que la reforma responde a un reclamo histórico de distritos vinculados a la explotación de recursos estratégicos, como las provincias que integran la denominada “Mesa del Litio”, Catamarca, Jujuy y Salta, y la “Mesa del Cobre”, que también incluye a Mendoza y San Juan.

En ese marco, el Gobierno agradeció especialmente a los gobernadores Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo por su impulso a la iniciativa.

También destacaron el trabajo de funcionarios como María Ibarzabal Murphy, Daniel González y Luis Lucero en la elaboración del proyecto.

En el comunicado, la Oficina del Presidente cuestionó el marco previo al señalar que era “confuso” y que derivaba en “interpretaciones absurdas” que afectaban el desarrollo económico.

Además, planteó que esas limitaciones entraban en tensión con principios constitucionales, como el uso racional de los recursos naturales y el dominio originario de las provincias sobre ellos.

El Gobierno sostuvo que la reforma busca compatibilizar el cuidado ambiental con el crecimiento económico, y aseguró que ambos objetivos “no son enemigos, sino motores complementarios”.

En esa línea, también cuestionó a sectores ambientalistas y denunció supuestos intentos de injerencia externa en el debate, al tiempo que reafirmó su intención de avanzar en una política “federal y soberana” sobre los recursos naturales.