En los primeros siete meses del año se acumularon en la provincia de Santa Fe 122 homicidios intencionales, seis hechos más que en el mismo período del año pasado, mientras que en el Departamento Rosario el número de asesinatos creció un 15% en su comparación interanual, según los datos publicados por el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia. El gobernador, Maximiliano Pullaro, dijo sin embargo en una entrevista que otorgó la semana pasada a una canal de televisión por cable nacional que “este año la provincia tiene menos homicidios que el año pasado y la ciudad de Rosario también”, aunque “el departamento tiene tres o cuatro más”.

El crimen de la peluquera de barrio Empalme Graneros, María Florencia González (37), y las heridas recibidas por su hijo de 16 que se repone en el Hospital de Niños “Víctor J. Vilela”, volvieron a poner en primer plano a la violencia altamente lesiva. 

Fundamentalmente porque se trata de víctimas “inocentes” -todas lo son, pero sobre algunas opera el “se la buscó”- que, de acuerdo a los primeros pasos de la investigación, podrían haber sido atacadas “por error” cuando los destinatarios de las municiones eran otros (ver aparte).

Bajan para arriba

El reporte del Observatorio publicado en estos días muestra que entre enero y julio pasados se registraron 122 homicidios intencionales en todo el territorio provincial. En el mismo período de tiempo, en 2024, los casos fueron 116, con una diferencia de seis hechos más en la comparación interanual.

 
En relación a 2023, el último año del gobierno Omar Perotti, cuya oscilante política de seguridad pública pareció cooperar con el crecimiento de la violencia, la baja de cantidad de casos desde que asumió Pullaro es vertical: en los primeros siete meses de 2023 año hubo 244 homicidios en Santa Fe, el doble que los actuales 122. En julio pasado ocurrieron 13 homicidios en la provincia contra 12 del año anterior.

El informe del organismo público que produce estadísticas sobre la materia muestra que en el caso del Departamento Rosario se registró entre enero y julio de este año un incremento del 15% de hechos de asesinato. Mientras en 2024 hubo 65 casos reportados, en los primeros siete meses de 2025 el número trepó a 75. Se trata de diez crímenes más en siete meses, algo más que los “tres o cuatro más” que indicó el gobernador.

 
El Gran Rosario, como sucede desde hace más de una década y no solo por su densidad población, concentra la mayor cantidad de homicidios: 75 de los 122 ocurridos entre enero y julio. En el Departamento La Capital se registraron 23, el mismo número que un año antes.

Un dato distintivo de los crímenes ocurridos en lo que va del año -en relación a lo que marcan las mismas estadísticas en períodos anteriores- es el cambio en el “contexto” en el que se llevan adelante. En los primeros siete meses del año el 45% obedece, según el Observatorio, a la categoría “Economía ilegal/organización criminal”, que es como cataloga lo que comúnmente se indica como disputas territoriales entre bandas o intrabandas. En paralelo, creció al 36% el número de asesinatos que se explican por “conflictos interpersonales”.

¿Menos homicidios?

“En Rosario y en la provincia trabajamos mucho, hicimos lo que teníamos que hacer para contener la violencia y el narcotráfico”, dijo días atrás el gobernador Pullaro al ser entrevistado por Luis Novaresio en la señal de cable A 24, y marcó que “fueron decisiones muy duras, que nos costaron mucho dolor en Rosario principalmente, pero que vistas en el tiempo fueron decisiones positivas”.

El mandatario aseguró que “Rosario el año anterior (a su asunción), el 2023 había tenido 290 homicidios, el año pasado tuvo 90 homicidios”. En esa línea, afirmó contra la estadísticas oficiales que “este año la provincia tiene menos homicidios que el año pasado, la ciudad de Rosario también, el departamento tiene tres o cuatro más”.

Además, Pullaro recordó los momentos difíciles que le tocó vivir como gobernador en los primeros meses de su gestión, cuando ocurrieron cuatro homicidios de trabajadores, según su lectura en reacción al endurecimiento de las condiciones de detención de jefes de estructuras criminales que vieron disminuidas sus posibilidades de genenciar sus negocios ilícitos desde prisión.

 “Santa Fe tiene hoy las leyes más duras de la Argentina, en la ejecución penal fundamentalmente. Para quebrar esa decisión atacaron de manera brutal a la población civil, mataron a dos taxistas, a un colectivero y a un playero, pusieron en tensión a una ciudad”, rememoró el jefe político de la Casa Gris. 

“En ese momento las organizaciones criminales leyeron mal, creyeron que la sociedad se iba a venir contra nosotros, a reclamarnos que volvamos atrás esas medidas por el terrorismo que estaban llevando adelante. Sin embargo, tuvimos el respaldo casi unánime de la sociedad que nos pedía que sigamos adelante”.

Observatorio de Seguridad Pública