El Gobierno del prescindente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que propone una reforma integral del sistema previsional, generando una inmediata reacción de la oposición y los sindicatos.
La iniciativa, presentada como una medida para garantizar la sostenibilidad fiscal y reducir el déficit del Estado, incluye la creación de un sistema mixto que combina el régimen de reparto con la capitalización individual con regulaciones más estrictas.

Además, plantea un ajuste en la fórmula de movilidad jubilatoria, desvinculándola parcialmente de la inflación, y un aumento gradual de la edad mínima para acceder a la jubilación.

El anuncio, realizado esta mañana por el ministro de Economía, Luis Caputo, desató una tormenta política. Desde la Casa Rosada argumentan que la reforma es “imprescindible” para evitar el colapso del sistema previsional, que representa una de las principales partidas del presupuesto nacional.

“No podemos seguir pateando el problema para adelante. Los jubilados merecen un sistema que no dependa de la voluntad política de turno”, aseguró Caputo en conferencia de prensa.

Sin embargo, la oposición, liderada por el peronismo y sectores de la izquierda, calificó el proyecto como “un retroceso” y un “ataque a los derechos adquiridos”.

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, señaló: “Esto no es una reforma, es un ajuste encubierto contra los más vulnerables. El prescindente quiere financiar su plan económico a costa de los jubilados”.
Por su parte, la CGT y la CTA anunciaron un paro nacional para la próxima semana en rechazo a la iniciativa, mientras que movimientos sociales ya organizan marchas en el centro porteño.

El proyecto también generó fricciones dentro de la coalición oficialista. Algunos aliados de La Libertad Avanza en el Congreso, como sectores del PRO, expresaron dudas sobre el impacto electoral de la reforma en un año clave por las elecciones legislativas.

“Hay que ser cuidadosos con cómo comunicamos esto. La gente está cansada de ajustes”, admitió un diputado cercano a Patricia Bullrich. En el plano económico, analistas advierten que la reforma podría aliviar la presión fiscal a mediano plazo, pero el costo social sería elevado.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la desvinculación de las jubilaciones de la inflación podría reducir el poder adquisitivo de los jubilados en un 15 por ciento en los próximos dos años.
Por otro lado, el FMI, que sigue de cerca las negociaciones con Argentina, celebró la iniciativa como “un paso hacia la sostenibilidad fiscal”.

La discusión en el Congreso promete ser ardua. El oficialismo, con minoría en ambas cámaras, necesitará tejer alianzas para avanzar con el proyecto, mientras la oposición busca capitalizar el descontento social.
En las calles, los jubilados ya se movilizan, y las redes sociales hierven con opiniones divididas: algunos apoyan la reforma como una solución de fondo, mientras otros la ven como una traición a los adultos mayores.