La Federación Argentina de Municipios rechazó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitó para ejercer cargos públicos de por vida. “Democracia con proscripciones no es democracia”, afirmaron los intendentes.

La asociación, que reúne a alrededor de 500 mandatarios municipales de todo el país y es presidida por Fernando Espinoza, emitió un duro comunicado contra el fallo del Máximo Tribunal que ratificó la sentencia de las instancias inferiores en la causa Vialidad.

“No se trata de una decisión judicial: se trata de una acción política, disfrazada de legalidad y dictada por el 'Partido Judicial', que es en lo que se transformó una parte del Poder Judicial cooptada por intereses ajenos a los del pueblo argentino”, subrayaron en el documento. 

Los intendentes remarcaron que la titular del Partido Justicialista, que había anunciado su candidatura por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, sufre una persecución política. “La persiguen por representar a las mayorías, por defender a la industria nacional, a las pymes, a los pequeños y medianos productores rurales, a las producciones regionales, al mundo del trabajo, a los comerciantes, a los estudiantes, a las y los jubilados, a la soberanía nacional y por haber puesto al Estado al servicio de quienes más lo necesitaban”, declararon.

En sintonía con los argumentos del peronismo, la Federación reafirmó que la decisión judicial es proscriptiva y que busca disciplinar a los dirigentes políticos. “Esta decisión de la Corte Suprema es un mensaje disciplinador, que procura dejar la idea de que nadie que desafíe al poder económico y a los privilegiados de siempre estará a salvo”, sostuvieron. 

Al mismo tiempo, los intendentes denunciaron arbitrariedades en el proceso judicial que condenó a Fernández de Kirchner. “Cuando se persigue judicialmente con una causa inventada y plagada de irregularidades a una dirigente elegida por el pueblo, no solo se ataca a esa persona: se deslegitima el valor del sufragio, se desmorona la confianza en las instituciones y se golpea el corazón de la democracia federal”, afirmaron.

 “Como municipios, como representantes de ese pueblo que creyó y cree en un país con justicia social, alzamos la voz frente a esta injusticia. Defender a Cristina también es defender la dignidad de los gobiernos locales, la voluntad popular y el derecho de nuestro pueblo a vivir en una democracia plena”, concluyeron.

Algunos de los argumentos críticos del proceso judicial
Los sectores que cuestionan el fallo de la Corte señalan, como principal argumento, que se trata de una sentencia proscriptiva. Además, afirman que el proceso judicial no fue imparcial y que no se probó el delito, ni la participación de Fernández de Kirchner. 

Entre los argumentos sostienen que no se probó que las obras no se hubieran realizado, ni los sobreprecios. Un punto fuerte en ese sentido es que durante el proceso judicial no se auditaron o peritaron las 51 rutas construidas por Grupo Austral de Lázaro Báez.  

Por otro lado, descartan que la expresidenta haya ampliado las partidas presupuestarias para beneficiar a Báez. Sostienen que el presupuesto para las obras fue aprobado por ley en el Congreso y que las partidas otorgadas por DNU fueron ratificadas por el órgano legislativo, respondiendo a criterios de actualizaciones por demoras.

A esos argumentos añaden que no está comprobada la participación directa de Cristina Kirchner en las obras viales. Señalan que los testigos no lo probaron y que el Tribunal justificó ese punto a partir de tres mensajes de texto, en donde Báez le pedía a José López reunirse con la expresidenta.