Por segunda vez en una semana, la Fiscalía Regional de Rosario pidió la captura de un presunto grupo de policías delincuentes. Fuentes oficiales confirmaron este domingo que 10 agentes del Comando Radioeléctrico fueron detenidos a partir de diferentes episodios con las mismas irregularidades.

La Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó una serie de allanamientos que concluyeron con el arresto de cuatro hombres y seis mujeres. La Oficina de Violencia Institucional del organismo también intervino en la investigación sobre varias denuncias con un denominador común.

¿Por qué detuvieron a diez policías de Rosario?
La unidad especial de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe y los fiscales presumen que este grupo de personas detenidas es reponsable de robos, lesiones y privación ilegítima de la libertad. Según la evidencia reunida hasta el momento, todos los delitos fueron cometidos bajo el manto de procedimientos con una mecánica similar.

Los investigadores creen que parte del personal del Comando Radioeléctrico hacía allanamientos ilegales de manera sistemática en Rosario. A partir de esta premisa se espera que los agentes sean imputados por la falsedad ideológica de las actas en cuestión.

En lo inmediato, los arrestos no afectaron el despliegue habitual de las fuerzas de seguridad provinciales. Voceros del MPA aclararon que la ejecución de las órdenes judiciales fue coordinada con Asuntos Internos para garantizar el servicio normal de patrullaje y otras actividades.

A partir de los allanamientos, los fiscales José Luis Caterina y Karina Bartocci recibieron aviso del secuestro de una gran cantidad de material balístico y armas de fuego. Las autoridades a cargo del procedimiento también se llevaron dispositivos de almacenamiento electrónico, teléfonos celulares, dos corta cadenas y dinero en efectivo.

Tres días antes de este operativo, otros cuatro policías quedaron bajo prisión preventiva por un allanamiento ilegal en el barrio República de la Sexta. En este caso, el fiscal Pablo Socca los imputó por haber aprovechado un control de rutina sobre Esmeralda e Ituzaingó para entrar a robar a la casa de la víctima y a otros domicilios cercanos.

Lucas Brest (33), Matías Ovando (29), Julián Márquez (27) y Bernardino Fernández (25) pasaron a disponibilidad en la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II luego de la denuncia del procedimiento realizado el 7 de diciembre. Según fuentes del MPA, los agentes demoraron a un motociclista y luego lo privaron de su libertad en forma abusiva e ilegítima.