Por decreto: el Gobierno aplicará cambios en el mecanismo para controlar las universidades

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El Gobierno nacional ultima un decreto que impondrá cambios en el control de gastos y contrataciones de las universidades públicas, obligándolas a usar los sistemas oficiales “Comprar” y “Contratar”, dependientes de la Jefatura de Gabinete. Además, deberá reemplazar el actual Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá) por el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) para registrar sus presupuestos. Según el Ejecutivo, la medida busca garantizar mayor transparencia en las compras y contrataciones mediante licitaciones centralizadas, impidiendo contrataciones directas.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) rechazó la medida, argumentando que, como ente autárquico, no está sujeta a las disposiciones del Poder Ejecutivo. Voceros de la institución afirmaron: “Cumpliremos todo lo que involucre la Constitución Nacional y las leyes, pero no aceptaremos disposiciones que vulneren nuestra autonomía”. Desde la UBA no descartan judicializar la norma y señalarán “todo lo que no cumple con el marco legal actual de la Argentina”.

El decreto también busca modificar la forma en que los ministerios y organismos del Estado contratan servicios de las universidades, privilegiando licitaciones intermediadas por el Ministerio de Educación. Esto generó tensiones en Balcarce 50, donde acusan a las autoridades de la UBA de no haber presentado documentación para ser auditadas. Según el Ejecutivo, la medida “tuvo varias revisiones” y ya prevén que podría derivar en acciones judiciales.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 rechazó recientemente un pedido de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar a la UBA, lo que intensificó el conflicto. Desde el Gobierno buscan igualar los estándares de las universidades públicas con los de la administración central. “Queremos que cumplan los mismos estándares que la administración pública”, sostienen en el Ejecutivo, mientras se preparan para los posibles desafíos legales que podría generar esta normativa.

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