Personal docente y no docente de universidades públicas argentinas comenzaron este lunes una huelga de 48 horas en el contexto de la lucha que impulsan los gremios y estudiantes para defender la educación pública superior, luego de que el presidente argentino, Javier Milei, vetara una ley que mejoraba su financiación.

 "Con docentes y no docentes bajo la línea de pobreza, no hay universidad posible", reza la convocatoria a la huelga de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, que da comienzo a una semana marcada por distintas actividades de visibilización del conflicto universitario.

En el marco del paro nacional, la Asociación Gremial Docente protestará este martes llevando las clases a la Plaza de Mayo, ubicada frente a la Casa Rosada -sede del Ejecutivo-, para reclamar por una mejora en los salarios, en el presupuesto universitario y en las becas estudiantiles.

 La Federación de Docentes de las Universidades convocó además, desde esta semana, a clases públicas frente al Congreso todos los miércoles al mediodía, para reclamar apoyo al presupuesto universitario propuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional y exigir una partida presupuestaria extra para recomponer los salarios docentes y no docentes.

 El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas escaló este mes con una marcha multitudinaria, paros de docentes y no docentes y con la toma de facultades en todo el país por parte de los estudiantes, ante el veto del mandatario a la Ley de Financiamiento Universitario, que actualizaba salarios y presupuestos según la inflación, que en septiembre se ubicó en el 209 % interanual.

La normativa fue sancionada a mediados de septiembre pasado y vetada por Milei el 3 de octubre posterior, bajo el argumento de querer preservar el equilibrio fiscal, pese a que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que habría tenido un impacto presupuestario equivalente al 0,14 % del PIB.

Los trabajadores universitarios comenzaron en agosto a llevar a cabo medidas de fuerza debido a la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, que fue del 63,5 % a septiembre último, según el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

Milei respondió la semana pasada a los reclamos y señaló que "no está en discusión" la universidad pública y no arancelada en Argentina, sino que su intención es que "sean auditadas".

Para el Gobierno, las auditorías de la Sindicatura General de la Nación que se pondrán en marcha esta semana van a mostrar cómo una parte de los fondos de las universidades públicas se destinan a fines políticos.