La diputada nacional por Santa Fe del PRO, Verónica Razzini, presentó un proyecto de Ley para que la protesta sindical y el bloqueo a empresas sean considerados un delito penal. 

La iniciativa fue impulsada en un contexto de avances del oficialismo sobre el mercado laboral a través de la Reforma laboral, que ya contempla la protesta como causal de despido para los empresarios.

Razzini es una empresaria rosarina que fundó el “Movimiento Empresarial Anti-Bloqueos” y que contó con el visto bueno y apoyo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

El proyecto de su autoría pretende encuadrar el bloqueo sindical como delito penal, al considerar que se trata de una acción fogoneada desde ciertos sectores sindicales y que genera pérdidas millonarias a las empresas. 

Según la diputada nacional, el bloqueo va más allá de impedir el acceso o la salida de una planta o lugar de trabajo; consiste en cualquier forma de paralizar la actividad de una empresa. El proyecto generará polémicas ya que la primera objeción tendrá que ver con la constitucionalidad del derecho a la huelga.

La idea de encuadrar el bloqueo como una figura penal se originó en la Ley Bases, que en el capítulo de modernización laboral refirió el nuevo “despido justificado” en casos de bloqueo o toma del lugar de trabajo. Para Razzini, la situación amerita una ley, ya que “el bloqueo se volvió una práctica recurrente que genera enormes daños, además de tener una naturaleza extorsiva”.

La ofensiva la semana pasada la tuvo como protagonista a la propia Bullrich con la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva.

Se trata de una nueva milicia, que específicamente se enfocará en la «protección» de las empresas petroleras, cerealeras y mineras, entre otras grandes firmas y parques industriales, por la supuesta necesidad de «protección especial» que requieren.